La tarde del viernes fue asesinada Carolina Plascencia Carvajal, presidenta interina de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), en un ataque armado que vuelve a poner en evidencia la violencia que rodea los conflictos por el agua en la región.
De acuerdo con los primeros reportes, Plascencia circulaba en un vehículo compacto sobre la carretera Cuautla–Ex Hacienda El Hospital, a la altura del crucero de Puxtla, cuando fue interceptada por un grupo armado que abrió fuego en su contra. La ingeniera perdió la vida en el lugar y hasta ahora no se han registrado detenciones. La Fiscalía de Morelos inició una carpeta de investigación, aunque familiares, usuarios del río y colectivos temen que este caso quede impune como otros ataques contra líderes comunitarios.
Plascencia asumió la dirigencia interina de Asurco en 2022 tras la salida de Antonio Domínguez Aragón, exalcalde de Ayala, quien un año después sobrevivió a un atentado. Desde entonces había enfrentado tensiones internas y externas derivadas de la administración del agua del Río Cuautla, un recurso que en Morelos tiene un peso económico y político de primera magnitud. Apenas en dos semanas estaba programada la elección de la nueva presidencia de Asurco, en la que Carolina participaría como candidata propietaria para encabezar el organismo durante el próximo trienio.
El asesinato ocurre en un contexto de disputas por la distribución del agua entre comunidades, ejidos y empresas. Bajo su gestión, se habían suspendido concesiones en zonas como Tenango, en Jantetelco, donde los usuarios denunciaban irregularidades en el suministro. Estas decisiones generaron inconformidad en ciertos sectores y exhibieron la fragilidad del consenso dentro de la asociación. A ello se suma la histórica oposición al Proyecto Integral Morelos, que involucra una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto, obras que han dividido a los pueblos de la región y detonado múltiples episodios de violencia.
La muerte de Plascencia se enlaza con otros crímenes similares, como el asesinato en 2022 de Francisco Vázquez, integrante del consejo de vigilancia de Asurco, quien había denunciado irregularidades en el manejo del agua. Su caso, como tantos otros, quedó sin esclarecer. Ahora, la ejecución de la presidenta interina eleva la tensión de cara a los comicios internos de la organización, pues crece la percepción de que la violencia se ha convertido en un mecanismo para dirimir disputas en torno al control de los recursos hídricos.
Más allá de la tragedia personal y familiar, el ataque contra Carolina Plascencia revela la profundidad de la crisis en la que se encuentra la gestión comunitaria del agua en Morelos. Controlar Asurco significa tener injerencia en la distribución del líquido que abastece a cientos de productores agrícolas, y eso lo ha convertido en un botín político y económico. La ausencia de garantías de seguridad para quienes encabezan estas luchas agrarias y ambientales es una constante que ya ha cobrado varias vidas en la región.
El crimen ha generado consternación entre ejidatarios y defensores del territorio, quienes exigieron al gobierno estatal y federal esclarecer los hechos y frenar la violencia contra liderazgos comunitarios. Para muchos, el asesinato de Carolina Plascencia no fue un acto fortuito, sino el reflejo de un conflicto estructural en el que la disputa por el agua se cruza con intereses políticos, concesiones privadas y la falta de instituciones capaces de garantizar justicia y seguridad.
