Armando Constantino Toledo Jamit, quien se desempeñó como secretario de Gobierno en la administración de Layda Sansores San Román en Campeche, ha sido vinculado como socio del empresario mexicano Mario Alberto Ávila Lizárraga, actualmente buscado por la justicia de Estados Unidos por sobornos a Pemex, según reveló un acta constitutiva consultada en el Registro Público de Comercio, publicada por el diario La Razón.
Ambos fundaron, en 2013, la sociedad financiera denominada Penta Financial, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. con sede en Campeche. Este vínculo ha generado alerta, pues Ávila Lizárraga figura entre los dos empresarios señalados por el Departamento de Justicia de EU por presuntamente otorgar sobornos a funcionarios de Pemex, a cambio de adjudicaciones millonarias.
Montos, tiempos y modus operandi
La acusación formal por parte de Estados Unidos —eminentemente del 11 de agosto de 2025— señala que Ávila Lizárraga y un segundo empresario, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, pagaron al menos 150 mil dólares (aproximadamente 3 millones de pesos) en sobornos entre 2019 y 2021. El pago incluyó artículos de lujo como relojes Hublot y bolsos Louis Vuitton, destinados a funcionarios de Pemex Exploración y Producción, durante la administración de Octavio Romero Oropeza, hoy director de Infonavit.
Mientras Rovirosa Martínez ya fue detenido, se sabe que Ávila Lizárraga permanece prófugo. Elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FGR) catearon recientemente un predio de su propiedad en la exclusiva zona de Lomas del Castillo, en Campeche.
Cuando la política y los negocios convergen
Toledo Jamit fue nombrado secretario de Gobierno el 1 de octubre de 2023, relevando a Aníbal Ostoa Ortega, y renunció el 7 de enero de 2025 por “temas personales”. Durante su periodo, fue exhibido en un video viral —compartido por N+ y retomado por medios como La Razón— en el que aparece, junto al secretario de Educación estatal y la diputada federal Rocío Abreu, manipular fajos de billetes. El escándalo ocurrió poco antes de las elecciones estatales de 2021.
Por su parte, Ávila Lizárraga acumula historial previo en el sector público; fue subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción entre 2010 y 2012, y en 2014 fue objeto de una investigación al haber autorizado un contrato por 834 millones de pesos con la firma Oceanografía, tras haber concluido su cargo.
Perspectivas y consecuencias políticas
Este caso levanta múltiples interrogantes:
- ¿Qué implicaciones puede tener para el gobierno de Layda Sansores? La cercanía entre su exsecretario y un empresario señalado por corrupción empaña si no su gestión, al menos su percepción pública.
- ¿Qué rol jugó Toledo Jamit en Penta Financial? Si bien su vinculación es meramente societaria, resulta clave determinar si tuvo algún papel activo en la operación con Pemex o solo fue un socio pasivo.
- ¿Cómo responde la fiscalía mexicana? Hasta ahora, se reporta el cateo del inmueble, pero no se ha mencionado alguna investigación directa en contra de Toledo Jamit.
La revelación de este vínculo subraya la persistencia de relaciones entre ámbitos públicos y privados que, en el contexto mexicano, han repetidamente derivado en casos de corrupción. Para Toledo Jamit, su paso por el gobierno de Campeche ahora se ve marcado por esta sombra: una acusación con resonancias nacionales e internacionales, en tiempos en que México enfrenta creciente presión por combatir la corrupción y fortalecer la transparencia institucional.
Este caso será, muy probablemente, un capítulo relevante en el escrutinio preelectoral del país.
