Lo que debía ser una experiencia formativa terminó en tragedia. Erick, un adolescente que participó en un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, falleció el pasado 25 de abril en Cuautla, Morelos, en circunstancias que han encendido alarmas por presuntos actos de abuso y negligencia.
La madre del menor, Erika Lucía Torbellín, denunció públicamente que recibió una llamada en la que se le informó que su hijo estaba “un poco mal” y había sido trasladado al hospital. Horas más tarde, al llegar al nosocomio, le notificaron que Erick ya no presentaba signos vitales.
Según la necropsia oficial, el joven murió a causa del estallamiento de vísceras, lo que contradice la versión proporcionada por los organizadores, quienes aseguraron que el menor se había desvanecido súbitamente durante una actividad física. Esta revelación ha detonado una ola de indignación y cuestionamientos en torno a la operación de la academia, con sede en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México.
Erika ha hecho públicos los testimonios de varios compañeros de su hijo, quienes aseguran que Erick expresó sentirse mal durante el día, pero fue forzado a continuar con los ejercicios. Señalan como responsable directa a una instructora identificada como “la capitana Mariana”, quien supuestamente arrastró al menor por terreno rocoso pese a su evidente malestar.
“No fue atendido a tiempo. Mi hijo pidió ayuda y lo ignoraron”, denunció Erika en conferencia de prensa, donde también reveló que otros alumnos sufrieron tratos crueles durante el campamento.
Otro caso expuesto fue el de un adolescente con una lesión médica documentada que, a pesar de tener restricciones físicas, fue obligado a participar. El resultado fue una fractura en el brazo. Su madre, Lydia, había entregado una constancia médica antes del campamento, misma que fue ignorada por los organizadores.
Las acusaciones no terminan ahí. Medios nacionales han comenzado a documentar una serie de denuncias por abusos físicos y psicológicos al interior de la academia: amarrar a los alumnos, privarlos de alimentos, arrastrarlos y golpearlos formaban parte de los castigos, según relatan los estudiantes.
“Una cabo le dijo a mi hijo que solo lo atendería si se desmayaba”, acusó Erika, visiblemente afectada.
Ante la gravedad del caso, colectivos de derechos humanos y organizaciones civiles han exigido al gobierno federal y a la Fiscalía de Morelos una investigación exhaustiva y la suspensión inmediata de las actividades de la academia militarizada mientras se esclarecen los hechos.
Hasta el momento, la institución no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones. La Secretaría de Educación Pública tampoco ha confirmado si la escuela cuenta con permisos oficiales para operar bajo un esquema de entrenamiento militar para menores de edad.
El caso de Erick ha generado una profunda indignación social y abre el debate sobre la legalidad, supervisión y condiciones en las que operan este tipo de academias en México.
