El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGRO) impuso una sanción al periodista Jesús Gabriel Castañeda Arellano, director del medio digital Acapulco Trends, por difundir una investigación sobre el presunto uso irregular de 898 millones de pesos durante la administración de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, del partido Morena. La resolución del caso TEE/PES/052/2024 obliga a Castañeda y su equipo a ofrecer disculpas públicas durante 15 días y a pagar una multa superior a 22 000 pesos.
La investigación, basada en un informe de la Auditoría Superior del Estado, señalaba que los recursos estarían vinculados a temas de reconstrucción tras el paso del huracán Otis en 2023. Ante esta investigación, la alcaldesa se amparó par no revelar información y al ser cuestionada por estos actos, respondió: “porque en Guerrero todo se puede”.
Después, la alcaldesa presentó una denuncia por violencia política en razón de género, argumentando que las notas menoscababan su imagen institucional, y promovió la sanción para evitar revelar datos adicionales.
Una tendencia inquietante de judicialización del discurso
Este caso ocurre en un contexto más amplio: en los últimos meses se ha documentado un aumento en el uso de figuras como la violencia política de género para sancionar críticas periodísticas o ciudadanas, bajo aparente justificación legal.
La tuitera Karla Estrella, de Hermosillo, fue sancionada por un tuit crítico sobre la diputada Diana Karina Barreras, esposa de un prominente dirigente de Morena. El Tribunal Electoral le impuso disculpas públicas durante 30 días, multas, cursos de género, y la inscripción en el registro de violentadores del INE, pese a que el tuit no contenía lenguaje violento explícito.
Este caso fue parte de una tendencia que incluye a la actriz Laisha Wilkins, medios como SinEmbargo o Código Magenta, y periodistas como Héctor de Mauleón, Ángel Camarillo, entre otros, denunciados por figuras políticas que recurrieron a tribunales electorales para exigir sanciones por comentarios críticos.
Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión y medios como El País han alertado que estas sanciones pueden representar un uso indebido de mecanismos originalmente concebidos para proteger a mujeres en política, convirtiéndose en instrumentos para acallar voces disidentes.
Guerrero, un terreno hostil para periodistas
El estado de Guerrero ha sido históricamente uno de los más peligrosos para la prensa: en los últimos tres sexenios se han registrado múltiples agresiones, desapariciones y asesinatos de reporteros.
En diciembre de 2021, la CNDH exhortó a la alcaldesa de Acapulco a respetar la libertad de expresión y evitar discursos de odio contra periodistas, tras quejas por declaraciones de la actual presidenta municipal sobre violencia loca.
En 2023, periodistas organizados marcharon en Chilpancingo exigiendo el cese del acoso y demandas legales impulsadas por autoridades municipales contra medios críticos.
El caso de Jesús Gabriel Castañeda Arellano refuerza la preocupación: un medio local ahora es obligado a retractarse y compensar económicamente tras exponer posibles irregularidades millonarias en la administración pública precisamente usando la figura legal que debería proteger a mujeres en política. Muchos observadores consideran que estos procedimientos están siendo sistemáticamente empleados como forma de censura indirecta.
La sanción a Acapulco Trends se enmarca en una tendencia creciente de judicialización estratégica del discurso crítico, especialmente bajo la figura de violencia política de género.
Aunque originalmente la herramienta se creó para proteger transgresiones reales contra mujeres en política, su uso actual deja en entredicho su legitimidad y expone su potencial para silenciar periodistas y medios críticos.
En Guerrero, donde la violencia hacia periodistas ha sido persistente, esta sanción representa otro episodio preocupante que puede disuadir el trabajo periodístico independiente y restringir el derecho a la información de la ciudadanía.
Este caso exige atención pública, vigilancia de organismos defensores de la libertad de expresión, y un debate urgente sobre la regulación y límites del uso de figuras legales en contextos políticos para evitar que sean transformadas en instrumentos de represión.
