Este 3 de julio de 2025, el Tribunal Electoral de Tamaulipas resolvió inscribir al periodista Héctor de Mauleón y al diario El Universal en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género por un periodo de cuatro años. La resolución deriva de una columna publicada el 1 de mayo titulada “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, en la que de Mauleón vinculaba a Juan Carlos Madero Larios —presunto operador de una red de huachicol y cuñado de Tania Contreras, entonces aspirante a magistrada del Tribunal Superior de Justicia estatal, y ahora Presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas— con actos de corrupción.
Como medidas complementarias, se ordenó a ambos:
Remover de manera inmediata la publicación del sitio web y abstenerse de emitir expresiones que vinculen a Contreras con actividades delincuenciales.
Publicar una disculpa pública fija por 16 días, así como una síntesis de la resolución sin comentarios adicionales “y dejar el mensaje anclado de fijo”, sin que la disculpa “reviva las situaciones que provocaron la sanción”.
Reconocer los hechos, aceptar responsabilidades, dignificar a la presunta víctima y realizar acciones de reparación del daño.
Pagar multa correspondiente ante la Dirección de Administración del Instituto, “so pena de que se dé vista a las autoridades hacendarias para que sean estas quienes procedan al cobro”.
Leer guías y manuales sobre lenguaje no sexista e inclusivo.
Un patrón de censura con amparo legal
Esta resolución se da en el marco de una serie de hechos donde ciudadanos y periodistas han sido sancionados o requeridos como el caso de Karla Estrella (Hermosillo, 2024), ama de casa que fue sancionada tras un tuit crítico contra Diana Barreras (diputada federal vinculada a Morena), enfrentándose a multa, disculpas, curso de género y estar inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del INE durante un año y medio. Otro caso es el de Laisha Wilkins, quien reaccionó con humor a un tuit que acusaba a una aspirante a ministra de “censuradora” y también fue sancionada bajo la misma figura legal. El periodista de 72 años, Jorge González (Campeche): Fue encarcelado, multado con 2 millones de pesos y se le prohibió ejercer el periodismos por 2 años, así como el cierre del periódico Tribuna bajo el concepto de “incitación al odio” hacia la gobernadora morenista Layda Sansores.
En total, se han presentado docenas de denuncias por violencia política de género contra periodistas, medios digitales como Código Magenta o SinEmbargo, y usuarias de redes, especialmente en un contexto electoral donde se renovaban miles de cargos judiciales, sin olvidar el caso de Alessandra Rojo de la Vega, demandada por el mismo concepto por Caty Monreal, quien la demandó e intentó quitarle la victoria electoral en la alcaldía Cuauhtémoc argumentando que aquélla expresó que “es hija de Monreal”.
Violencia política de género
La sanción impuesta a Héctor de Mauleón y El Universal —registro por cuatro años, multa, disculpas públicas y lectura de manuales de género— se inscribe en una tendencia alarmante del uso de “la violencia política de género” como instrumento de censura. Casos como los de Karla Estrella, Laisha Wilkins o Jorge González revelan un escenario donde voces críticas son acalladas con recursos jurídicos diseñados para proteger derechos, no para reprimirlos. Organismos como Artículo 19 y expertos alertan sobre la necesidad de preservar el equilibrio entre protección legítima de derechos y garantías democráticas, incluyendo la libertad de expresión.
