La Cámara de Diputados discutirá esta semana un proyecto de reformas para extinguir varios órganos autónomos, incluyendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas atribuciones pasarían al control del Ejecutivo.
Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que las funciones del IFT serán transferidas a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), cuyo inicio formal está programado para enero de 2025.
Al finalizar la conmemoración del Día del Cartero y Empleados Postales, Esteva Medina explicó que “la desaparición de los órganos autónomos” está en manos del Congreso y precisó que Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, ya anunció que “la parte de telecomunicaciones se va a la Agencia de Transformación Digital”.
Ante cuestionamientos sobre la regulación del espectro, el funcionario señaló que será necesario esperar para definir si esta responsabilidad recaerá en la SICT o en la Secretaría de Hacienda.
El dictamen que estudia la Cámara de Diputados contempla la extinción de siete organismos autónomos, entre ellos el INAI, la Cofece y el IFT. La propuesta indica que las economías y ahorros resultantes de esta medida se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Asimismo, garantiza la preservación de los derechos laborales del personal afectado, conforme a la legislación vigente.
En el ámbito de competencia, la reforma modificará el artículo 28 de la Constitución para transferir las funciones de la Cofece al Ejecutivo, cuya responsabilidad será ahora “garantizar la libre competencia y concurrencia” a través de las dependencias de política industrial, comercio y precios.
En cuanto al IFT, se establece que sus atribuciones también quedarán bajo el control del Ejecutivo, que gestionará la política de telecomunicaciones y radiodifusión del país, incluyendo la emisión, revocación y cesión de concesiones en estos sectores.
Para la supervisión de concesiones, la reforma plantea crear un Sistema Nacional de Información de Infraestructura bajo el control de la ATDT, el cual operará en el marco de la transparencia. Las decisiones de la ATDT y de otras instancias, como las que se ocupen de competencia económica, solo podrán ser impugnadas mediante juicio de amparo indirecto y no estarán sujetas a suspensiones, salvo en casos que impliquen sanciones o desincorporación de activos.
El pasado 6 de noviembre, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad para el proyecto de reforma constitucional que busca eliminar estos órganos. La propuesta incluye otorgar al Instituto Nacional Electoral (INE) la responsabilidad de vigilar el acceso a la información pública y la protección de datos de los partidos políticos, tras la eventual desaparición de los entes autónomos especializados en estas áreas.
Avanza creación de la ATDT
El Pleno de la Cámara aprobó por mayoría el dictamen que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para formalizar la creación de la ATDT, con un respaldo de 321 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones. El documento pasará ahora al Senado para su revisión.
La ATDT asumirá la gestión de áreas estratégicas como el Servicio Postal, la Agencia Espacial Mexicana y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, además de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, que operaba en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Según lo anunciado por Sheinbaum, la ATDT será dirigida por José Peña Merino y tendrá facultades para diseñar políticas de inclusión digital y gobierno digital, así como para desarrollar la infraestructura de autenticación digital basada en la Clave Única de Registro de Población (CURP), en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Entre sus competencias, se contempla la administración de bases de datos interoperables de la Administración Pública Federal con el Registro Nacional de Población y la integración de un sistema nacional de identificación personal. La ATDT también dirigirá la política de telecomunicaciones y radiodifusión del país, y promoverá el uso de satélites de órbita baja en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones.
Este cambio estructural ha generado un intenso debate en la Cámara de Diputados, pues implica una reorganización significativa del marco regulatorio del país y la reconfiguración de la administración de políticas de competencia, telecomunicaciones y transparencia, ahora bajo el mando directo del Ejecutivo.
