En una serie de reformas recientes aprobadas en el Congreso mexicano, e impulsadas por el paartido en el poder, Morena, organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), han encendido las alarmas. Según advierten, el nuevo paquete legislativo abre la puerta a una red de vigilancia masiva sin controles democráticos, que compromete seriamente las libertades individuales y el derecho a la privacidad de millones de personas en el país.
Una de las piezas más controversiales es la nueva Ley General de Población, que introduce la CURP biométrica. A diferencia del actual sistema, esta nueva versión incluirá datos biométricos obligatorios, sin los cuales no se podrá acceder a servicios públicos ni privados. Cada actividad cotidiana dejará un rastro digital accesible para las autoridades, sin necesidad de una orden judicial. En esencia, cualquier aspecto de la vida de una persona podrá ser monitoreado, desde una consulta médica hasta una transferencia bancaria.
Otra medida preocupante es la creación de la Plataforma Única de Identidad, contemplada en la Ley en Materia de Desaparición Forzada. Esta plataforma permitirá centralizar y consultar el uso de la CURP biométrica, también sin intervención judicial. Esto convierte a la CURP en una llave maestra para el rastreo ciudadano, sin que el afectado siquiera lo sepa.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia agrava aún más este escenario. Establece la interconexión entre bases de datos públicas y privadas, dando acceso a registros telefónicos, fiscales, vehiculares y más –todo sin control judicial ni transparencia–. En manos del Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional, que ya opera como cuerpo militar, esta red de datos podrá utilizarse con fines de persecución política o control social.
En paralelo, la Ley de Telecomunicaciones impone que todas las líneas telefónicas estén asociadas a una CURP. En caso contrario, el servicio podrá ser cancelado. Esta medida convierte a los proveedores de telecomunicaciones en herramientas de vigilancia estatal. Además, la ley no corrige errores previos, como la falta de necesidad de una orden judicial federal para acceder a datos de geolocalización en tiempo real, lo que ya ha derivado en abusos contra periodistas y opositores.
En conjunto, estas reformas vinculan nuestra identidad con cada aspecto de nuestra vida diaria, generando una trazabilidad total a discreción del gobierno, sin contrapesos ni controles democráticos. ¿Qué riesgos implica esto? Que nuestras rutinas, relaciones, movimientos y decisiones queden expuestas a una vigilancia estatal permanente.
Esta transformación del Estado mexicano hacia una estructura de control digital sin supervisión judicial amenaza principios fundamentales de una sociedad democrática: el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.
Hoy más que nunca, los ciudadanos deben preguntarse:
¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad en nombre de una supuesta seguridad sin garantías?
