Un nuevo y grave señalamiento surge en el panorama de seguridad de Baja California. Dos mantas, presuntamente firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aparecieron en la ciudad de Ensenada, acusando directamente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda de ser la responsable de que se extorsione al gremio pesquero del puerto, a través del cobro de “piso” y la exigencia de mercancía.
Los hechos: la manta y su mensaje explosivo
De acuerdo con reportes y la publicación de El Financiero, la manta fue colocada en un puente peatonal de Ensenada. El texto es una acusación sin ambigüedades: señala que la mandataria estatal es “quien ha permitido” que Arturo Alejandro Hernández Medina apodado ‘El Tuby’, extorsione a pescadores, comerciantes y transportistas.
La proclama, atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación, advierte a la gobernadora que “deje de extorsionar” y la responsabiliza de cualquier consecuencia derivada de estas acciones, utilizando un lenguaje típico de las disputas entre grupos delictivos pero dirigido a una autoridad electa democráticamente.
Extorsión en Ensenada
El delito de extorsión es cada vez más común en Baja California, reporta El Financiero. Durante el primer semestre del año en curso, la fiscal del Estado, María Elena Andrade Ramírez señaló que había más de 100 denuncias por “cobro de piso” en la entidad.
Para Ensenada el problema se ha reflejado de manera más notoria en restaurantes y pescadores, sector que viene denunciando la intromisión del crimen organizado desde los últimos tres años.
No obstante, debido a la naturaleza del delito la mayoría de los propietarios de negocios afectados prefieren no denunciar, según con lo declarado en distintas ocasiones por la fiscal de Baja California, quedando varios casos sin expediente.
Baja California es y ha sido uno de los epicentros de la lucha por el control de plazas y rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. La presencia de múltiples cárteles, incluyendo el CJNG y el Cártel de Sinaloa, ha mantenido a la entidad en un estado de violencia persistente. Una acusación de esta magnitud contra la gobernadora no hace más que agravar la crisis de seguridad y profundizar la percepción de ingobernabilidad.
La respuesta oficial: el silencio
Hasta el momento, la administración de Marina del Pilar no se ha pronunciado oficialmente sobre estos señalamientos específicos. Este silencio, comprensible desde una lógica de seguridad y verificación, es un campo fértil para la especulación y la desconfianza ciudadana.
La gran pregunta que flota en el ambiente es la que la manta plantea de manera venenosa: ¿Existe una corrupción estructural dentro de los cuerpos de seguridad del estado que opera esquemas de extorsión por cuenta propia? O, por el contrario, ¿se trata de una estrategia de fake news del propio CJNG para justificar una ofensiva violenta y desacreditar a un gobierno que pretenden desgastar?
El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, enfrenta aquí un desafío mayúsculo: demostrar con hechos y no solo con palabras quién realmente gobierna y protege a los ciudadanos de Baja California.
