Esta mañana, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En su demanda por “Delincuencia organizada, contra la salud y otros”, Moreno acusa a Maduro de tener vínculos con el crimen organizado, conexiones con cárteles mexicanos y mantener relaciones con altos mandos políticos de Morena. Denunció que “los narcospolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero.”
Cártel de los Soles
El 25 de julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC) incluyó al llamado Cartel de los Soles, organización criminal venezolana, como “Terrorista Global Especialmente Designado” (SDGT), dentro de su lista de “especialmente designados”, junto a varios cárteles mexicanos. Esta organización opera dentro de las estructuras del régimen de Nicolás Maduro, a través de la corrupción de instituciones como el Ejército y el sistema judicial. La medida implica congelamiento de activos en EE.UU. y sanciones secundarias para terceros que colaboren con el cartel.
El 7 de agosto de 2025, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de EE.UU. anunciaron un incremento histórico de la recompensa a 50 millones de dólares para quien brinde información que conduzca a la captura o condena de Nicolás Maduro; esto bajo el programa de recompensas por narcóticos (NRP). En su video en X, la fiscal general Pam Bondi lo calificó como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Además, se han incautado bienes valorados en más de 700 millones de dólares, incluyendo aeroplanos y vehículos, y se han vinculado toneladas de cocaína directamente con él.
Solicitud de desafuero contra ‘Alito’ Moreno
En la política interna, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó el pasado 23 de julio ante la Cámara de Diputados una solicitud de declaración de procedencia para retirar el fuero a Moreno. Se le acusa de peculado y uso indebido de atribuciones, por presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su mandato como gobernador (2015–2019). El expediente incluye cuatro carpetas de investigación ya judicializadas, vinculando también a 17 personas, entre exfuncionarios, dos de los cuales colaboran bajo criterios de oportunidad. Las irregularidades denunciadas incluyen pagos simulados en la Secretaría de Seguridad Pública por 27.2 millones de pesos, facturados por prestanombres sin respaldo documental; contratos cuestionados con una empresa de buceo reconvertida en consultora de asesoría fiscal por 23.8 millones, ejecutados desde Apicam, donde Moreno presidía su Junta de Gobierno; contratos de publicidad a la televisora local Mayavisión por 14.1 millones; obras en la Plaza Colosio por 18.2 millones, cuya funcionalidad ha sido cuestionada. El trámite se encuentra actualmente en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que tiene hasta 60 días para resolver si procede el desafuero.
Ante esta solicitud de desafuero por parte de Morena, “Alito” calificó la demanda como una “persecución política brutal” orquestada por Morena, acusando que usan a las fiscalías como “garrote” y criticó la falta de atención a actos de sus “vacas sagradas”, a su vez, acudió a Washington para denunciar colusión del narcotráfico con el partido gobernante.
La acusación de Moreno no solo reaviva tensiones entre partidos, sino que coincide con un endurecimiento extremo de la posición de EE.UU. hacia Caracas. Moreno, ante la solicitud de desafuero por parte de Morena, intenta triangular la relación del narcotráfico con gobiernos como el de Maduro y Sheinbaum. Mientras la FGR decide su ruta legal, esta convergencia de ofensivas judiciales podría redefinir los límites entre soberanía, justicia y diplomacia en América Latina. ¿Será este un punto de inflexión en la narrativa hemisférica sobre crímenes, poder y responsabilidad?
