Por más de una década, ARTICLE 19 ha alertado que en México el hostigamiento contra periodistas se ha sofisticado: de la violencia física y las amenazas directas, el frente de batalla se ha trasladado a los tribunales. El informe “Las leyes como mecanismo de censura” confirma que en 2025 esta tendencia alcanzó niveles alarmantes.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial: 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación fueron notificados de procesos legales. En promedio, se abre un nuevo caso cada cuatro días.
La cifra no solo es escandalosa por sí misma: en apenas siete meses ya superó cualquier registro anual desde 2016. Esto marca un quiebre histórico: el litigio se consolida como el mecanismo preferido para silenciar la crítica y desgastar a la prensa.
El fenómeno tiene alcance nacional: se documentaron casos en 17 estados, más de la mitad del país. Veracruz (10), Ciudad de México (9) y Jalisco (6) encabezan la lista. En Veracruz, por ejemplo, se reporta que una sola figura política ha denunciado por violencia política de género a decenas de periodistas y medios solo por mencionar nepotismo.
Este patrón desmonta la idea de “casos aislados”: se trata de una práctica extendida y sistemática.
Violencia de género, uno de cada dos casos
El abuso de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG) es el dato más revelador del informe. De los 51 procesos, 25 corresponden a esta vía: prácticamente uno de cada dos.
La figura, diseñada para combatir la discriminación estructural, está siendo utilizada como un recurso punitivo que ordena la eliminación de publicaciones críticas y exige disculpas públicas. ARTICLE 19 advierte que este desvío de propósito no solo erosiona la libertad de expresión, sino que también pone en riesgo la legitimidad de un instrumento fundamental para proteger los derechos de las mujeres.
Los perpetradores: poder político en acción
El informe revela que casi la mitad (45%) de los procesos fueron iniciados por funcionarios públicos, muchos de ellos en campaña o en proceso de reelección. A estos se suman particulares (35%) y partidos políticos (20%).
Este dato es clave: quienes tienen acceso a recursos económicos y al aparato judicial no necesitan ganar los casos para cumplir su objetivo. Basta con prolongar los procesos, imponer medidas cautelares y desgastar a periodistas y medios. El litigio se convierte en castigo en sí mismo.
Casos emblemáticos ilustran esta práctica: desde la demanda contra la periodista Lourdes Mendoza, que enfrentó un interrogatorio de tres horas y un proceso desgastante, hasta el columnista Hernán Gómez Bruera, quien junto con su editorial ha sido objeto de múltiples demandas por su libro sobre la corrupción en el sistema judicial.
El uso de forum shopping —multiplicación de procesos en distintas instancias— y la imposición de censores judiciales, como ocurrió en Campeche, son ejemplos extremos de cómo la ley se utiliza para bloquear investigaciones de interés público.
Riesgo para la democracia
ARTICLE 19 es contundente: el acoso judicial es ya una nueva forma de censura en México. Su uso recurrente amenaza con normalizar un sistema de autocensura donde periodistas, por temor a demandas, eviten tocar temas sensibles.
La organización advierte además que la captura del Poder Judicial y la falta de independencia de jueces agravan el panorama. Si la judicatura opera bajo intereses políticos, la vía legal deja de ser un recurso de justicia y se convierte en instrumento de control.
Llamados urgentes
El informe concluye con recomendaciones claras:
- Reformar la VPEG para evitar su uso contra periodistas y medios.
- Derogar delitos contra el honor (difamación, calumnias, ultrajes) que siguen sirviendo para criminalizar la crítica.
- Garantizar la independencia judicial, especialmente ante la nueva configuración del Poder Judicial.
- Promover el derecho de réplica como mecanismo democrático alternativo a la censura judicial.
Lo que ARTICLE 19 documenta no es un conjunto de casos dispersos: es la consolidación de un patrón de censura institucionalizada a través de la ley. La paradoja es brutal: el marco legal, creado para garantizar derechos, se usa hoy como arma para restringirlos.
Si esta tendencia se mantiene, la prensa mexicana no solo enfrentará amenazas o ataques físicos, sino que quedará atrapada en un laberinto judicial diseñado para silenciarla.
