Mario López Hernández, conocido como “La Borrega”, exalcalde de Matamoros y actual diputado federal por Morena, estuvo detenido en las oficinas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente Viejo que conecta esa ciudad fronteriza con Brownsville. Periodistas fronterizos reportan que después de 12 horas de retención, ya fue liberado con el retiro de su visa. Su caso ha despertado gran expectativa, no solo por su peso político en la región, sino también porque se inserta en un contexto de creciente tensión entre autoridades estadounidenses y diversos funcionarios morenistas que en meses recientes han sido objeto de detenciones, señalamientos o incluso de la cancelación de sus visas.
La aprehensión de López ocurre poco después de que se conociera la cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su esposo, medida tomada por Washington en mayo pasado y que alimentó especulaciones sobre presuntos vínculos con actividades ilícitas. En septiembre, el Departamento del Tesoro congeló bienes en Estados Unidos de 22 personas ligadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas la diputada morenista Hilda Araceli Brown, acusada de facilitar el control de estructuras municipales al crimen organizado. A nivel local, también han surgido casos de alcaldes fronterizos que habrían enfrentado cancelaciones de visa, como el de Matamoros y otras ciudades de Tamaulipas, lo que ha generado sospechas de que la frontera es un punto particularmente vigilado por Washington.
La oposición mexicana ha reclamado que se transparente la información sobre las medidas que toma Estados Unidos contra figuras políticas, mientras que Morena ha denunciado una campaña de rumores y ha advertido que la cancelación de visas no equivale a una acusación formal. La propia Claudia Sheinbaum, presidenta electa, ha desmentido que exista una “lista negra” de políticos ligados al narcotráfico y ha señalado la difusión de noticias falsas en torno al tema.
En este panorama, la situación de Mario López “La Borrega” se convierte en un nuevo episodio de la política fronteriza marcada por la desconfianza de Washington hacia algunos funcionarios de Morena. La falta de información oficial sobre las causas de su detención (aunque en redes se especual un vínculo con el narcotráfico) alimenta la incertidumbre y coloca al partido en un escenario incómodo, donde debe defender a sus representantes sin que existan aún cargos públicos, pero con el desgaste político que implica la percepción de vínculos con el crimen organizado.
