Un grupo de 22 exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y exmagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre ellos Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés Zurita, difundieron el domingo una carta abierta —a través del Instituto de Estudios para la Transición Democrática— en la que hacen un llamado urgente a una reforma electoral construida mediante diálogo nacional incluyente, técnico y con consenso amplio, en respuesta a la iniciativa que prepara la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué proponen?
En su documento, los firmantes destacan la necesidad de una reforma que cumpla con los más altos estándares de integridad democrática y que no sea producto exclusivo del impulso legislativo o partidista, sino resultado de una deliberación pública que incluya voces de sociedad civil, academia, partidos, medios y ciudadanía. Subrayan: “No solo importan los votos en el Congreso, sino la voz de todos, incluyendo las minorías. Una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida”.
Las seis propuestas centrales que plantean son:
- Fortalecer la representación política: acercar la distribución de escaños en Cámara de Diputados y Senado al porcentaje real de votos obtenidos, evitando distorsiones de sobrerrepresentación o subrepresentación.
- Preservar la autonomía electoral: asegurar la independencia del INE y órganos estatales, mantener la colegialidad en sus órganos directivos y profesionalizar sus estructuras.
- Designación técnica de consejeros y magistrados: por experiencia, conocimiento y perfil imparcial, asignados por el Congreso y no mediante voto popular.
- Protección del padrón electoral: mantener el control del padrón, la credencial y listados nominales bajo la administración del organismo electoral, con supervisión técnica de partidos.
- Fiscalización y rendición de cuentas efectiva: erradicar compra/ coacción del voto, campañas desiguales y desvíos de recursos públicos mediante mecanismos eficaces.
- Independencia judicial y carrera judicial consolidada: reformar criterios de nombramiento de jueces y magistrados con base en méritos y capacidad técnica.
Este planteamiento surge justo después del anuncio presidencial de una Comisión Nacional para la Reforma Electoral, liderada por Pablo Gómez, quien dejó la Unidad de Inteligencia Financiera para ese cargo.
Contexto político y posibles tensiones
La presidenta Sheinbaum impulsa una reforma alineada con la agenda del gobierno anterior, aunque con matices menos radicales: incluye eliminación de legisladores plurinominales, reducción del financiamiento público a partidos y recortes al INE, al tiempo que pretende mantener su autonomía institucional.
La oposición y agrupaciones minoritarias han expresado preocupación por la falta de consenso y riesgos de erosión democrática, especialmente considerando el descontento dentro de partidos aliados como el PT y PVEM, ante posibles impactos negativos de la reforma.
Reforma, “fruto del consenso”
El llamado de los exconsejeros y exmagistrados enfatiza que una reforma electoral trascendente —como la que propone Sheinbaum— solo alcanzará legitimidad si se construye sobre bases institucionales sólidas, inclusivas y respetuosas de la pluralidad política. Su pronunciamiento exige que la reforma sea “fruto del más amplio consenso” y que no se imponga desde el poder, sino que se nutra de la deliberación técnica y la participación amplia de todos los actores.
