Claudia Sheinbaum, presidenta de México, envió este lunes al Congreso de la Unión, las iniciativas para las leyes secundarias con el objetivo de regular la elección de jueces y magistrados a través del voto popular, en un proceso que busca garantizar principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.
Las iniciativas, que modifican la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), fueron entregadas formalmente al Senado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la reforma judicial, impulsada inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya fue aprobada y es constitucional, por lo que el proceso para elegir a los integrantes del Poder Judicial dará inicio en los próximos meses.
“La reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, es constitucional y va a iniciar en algunos días el proceso electoral”, afirmó Sheinbaum, quien subrayó que, aunque la Suprema Corte no envíe vacantes, el Senado utilizará la información disponible públicamente.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, explicó que las reformas buscan asegurar que el proceso electoral en el Poder Judicial sea transparente, objetivo y en cumplimiento con los principios rectores del sistema electoral.
“El objetivo es que se garantizan los principios rectores en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial”, mencionó Godoy al detallar el alcance de las modificaciones.
La elección incluirá a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como jueces y magistrados de otros tribunales federales y estatales.
El proceso de selección, que se realizará mediante voto directo de la ciudadanía, contará con la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). El primer proceso electoral está programado para el 10 de junio de 2025.
Las iniciativas plantean que los candidatos deberán someterse a un proceso de evaluación supervisado por comités conformados por expertos en derecho, quienes revisarán los perfiles de los postulantes y emitirán listados de finalistas. Estos listados serán entregados a los Poderes de la Unión para su aprobación final antes de que los ciudadanos voten.
El calendario propuesto establece que el Senado emitirá la convocatoria general el 16 de octubre de 2024. Los comités de evaluación se instalarán el 31 de octubre, y las convocatorias para la ciudadanía se publicarán el 4 de noviembre.
Las inscripciones de aspirantes serán del 24 de noviembre al 15 de diciembre, cuando los comités verificarán los requisitos de elegibilidad. Los finalistas serán seleccionados el 31 de enero de 2025, y el proceso de selección culminará el 7 de febrero, cuando los listados depurados sean remitidos al Senado.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez resaltó la importancia histórica de esta reforma, señalando que, con la elección directa de los integrantes del Poder Judicial, México “construye una nueva estructura de impartición de justicia” que responde a las demandas de la sociedad por una mayor independencia y transparencia en los procesos judiciales.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, recibió las iniciativas y anunció que podrían ser discutidas ante el pleno a partir del próximo miércoles, una vez que se emitan los dictámenes correspondientes en las comisiones legislativas.
