Con 469 votos a favor, una abstención y sin votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que eleva a rango constitucional el derecho a una vivienda adecuada para las personas trabajadoras.
La modificación a la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución fue remitida al Senado para su análisis. La reforma obliga a todas las empresas, sin importar su giro, a garantizar una vivienda digna para sus empleados a través de aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda, el cual ofrecerá créditos accesibles para adquisición, mejora y arrendamiento de viviendas.
Además, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) podrá adquirir terrenos y construir viviendas, en línea con un sistema de vivienda social.
El dictamen prevé la creación de un organismo conformado por representantes del Gobierno Federal, trabajadores y pensionados, que administrarán los recursos del fondo. Este organismo también será responsable de regular los créditos y viviendas en arrendamiento social, cuyo costo mensual no podrá superar el 30% del salario del trabajador.
Se dará prioridad a los trabajadores que hayan realizado aportaciones continuas al fondo y que no cuenten con vivienda propia. La ley también establecerá mecanismos para evitar discrecionalidades o interferencias que limiten el acceso a estos beneficios.
Durante la discusión en lo particular, diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, y PT presentaron diversas reservas al artículo único del decreto. Entre las modificaciones aceptadas está la reserva del diputado Carlos Alberto Ulloa Pérez (Morena), quien precisó que el sistema de vivienda social permitirá a los trabajadores derechohabientes obtener créditos suficientes para adquirir o mejorar su vivienda.
Además, se incorporó la propuesta del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena) para que la ley establezca las condiciones del arrendamiento social y del derecho a adquirir la propiedad de la vivienda. Este esquema permitirá a jóvenes que no hayan cotizado durante un año, pero que ya tengan ahorros o acceso a créditos bancarios, beneficiándose del sistema de arrendamiento.
Por su parte, el diputado Julen Rementería Del Puerto (PAN) cuestionó la eliminación del requisito de un año de cotización para acceder al arrendamiento social, señalando que esto podría afectar a quienes, en un principio, se beneficiarían con esta medida.
El Congreso de la Unión tendrá 180 días naturales para realizar las adecuaciones a la Ley del Infonavit necesarias para cumplir con los cambios aprobados. Asimismo, se prevé un programa de eficiencia operativa para reducir los costos de operación del Infonavit en ese mismo período.
La iniciativa que dio origen a esta reforma fue presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero, en conjunto con diversas propuestas de diputadas y diputados de la anterior legislatura y del Congreso de Jalisco. Con su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen avanza ahora al Senado, donde se espera continuar el proceso de modificación constitucional.
