Colectivos de familias de personas desaparecidas en México han vuelto a levantar la voz con una crítica contundente: la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) carece de “capacidad y profesionalismo” para cumplir con sus funciones básicas. Lo hacen tras una década de impunidad, cifras crecientes de desapariciones y denuncias sistemáticas sobre el mal manejo institucional.
En conferencia de prensa, representantes de agrupaciones como Luciérnagas Buscadoras, Hasta Encontrarlos y la Red Regional de Familiares Migrantes exigieron una revisión urgente de las prácticas de la CNB y la integración de peritos especializados e independientes. Aseguraron que muchas de las acciones de búsqueda y de identificación forense han sido deficientes, con metodologías poco rigurosas, uso inapropiado de tecnología y omisiones graves que ponen en riesgo la credibilidad de los resultados.
Para visibilizar esas deficiencias, los colectivos presentaron un peritaje del experto Miguel Nieva, quien evaluó casos de desapariciones ocurridas en Oaxaca en 2007. El análisis critica el empleo de herramientas equivocadas, la ausencia de mapas o croquis adecuados, la falta de procesamiento de datos y la ignorancia de señales detectadas en radargramas. Concluye que los informes oficiales “carecen de rigor científico” y propone descartarlos por completo.
Las familiares denunciaron que, en muchos casos, son ellas mismas quienes localizan fosas o restos humanos, mientras que la CNB sigue rebasada o sin capacidad operativa real. Señalaron que la práctica institucional parece repetitiva: “hacen las mismas fallas en todos los terrenos”, dijeron, aludiendo a la falta de adaptación de protocolos según las condiciones geográficas o contextuales.
La crítica también alcanzó al nuevo nombramiento de la titular de la CNB, Martha Lidia Pérez Gumercindo, designada recientemente por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los colectivos cuestionaron su perfil, su cercanía con las familias y su sensibilidad hacia el dolor que viven, pues hasta ahora no ha mostrado disposición al diálogo ni explica cómo corregirá las prácticas cuestionadas.
El contexto en el que surgen estas denuncias es delicado. Según registros oficiales, México acumula más de 133 mil personas desaparecidas. El hallazgo del rancho de Teuchitlán, donde se descubrieron miles de objetos relacionados con víctimas, puso de relieve la magnitud de la crisis y obligó al gobierno federal a anunciar reformas legales y mayor coordinación entre instancias. En lo que va del año, la CNB reportó la localización de 307 personas (173 con vida y 134 mediante identificación forense), una cifra mínima frente al tamaño del problema.
Frente a este panorama, los colectivos insistieron en demandas que consideran esenciales: una contratación transparente de peritos independientes, capacitación profesional para el personal de la CNB, protocolos de búsqueda ajustados a parámetros internacionales y una apertura real al diálogo con las familias. Si estos cambios no se concretan pronto, advierten, la ya debilitada confianza institucional podría colapsar por completo.
