A 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y en medio de los rumores del abandono del abogado Vidulfo Rosales a representar el caso para ir a trabajar a la Suprema Corte, Guadalupe Lizárraga presenta una investigación exhaustiva en Los Angeles Press que refrenda que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, no fue un hecho aislado ni resultado del caos, sino una operación orquestada por el Estado.
El Informe Pascal: un nuevo relato
El corazón de esta revelación es el Informe Pascal, un documento elaborado por un grupo independiente de inteligencia ciudadana que, en rigor y sin financiamiento estatal, contrastó evidencia oficial, mediática y del GIEI con documentos, videos y testimonios auténticos disponibles públicamente. Este informe fue entregado en exclusiva a Los Ángeles Press.
Hallazgos clave del Informe Pascal (Primera parte, 97 páginas):
- Manipulación y ruptura en la cadena de custodia de evidencia, incluidas grabaciones del Palacio de Justicia.
- Reuniones decisivas en Acapulco: a las 09:00 h del 26 de septiembre de 2014, mandos de la Policía Federal (sin presencia de PGR, Sedena, ni policía estatal o ministerial) se reunieron en la Base Vértice para coordinar el cerco a los normalistas. Omar García Harfuch era la figura encargada de dar esas órdenes.
- Sesión del gabinete de seguridad del estado en el C4 de Acapulco: posteriormente ese mismo día, una reunión de emergencia con Sedena, Policía Federal, Seguridad Pública Estatal y Policía Ministerial habría acordado “acabar para siempre con los normalistas”, según testimonios del escolta del director de la Policía Ministerial.
- Vigilancia activa: reportes del C-4 y declaraciones oficiales admiten que las autoridades monitoreaban las actividades de los estudiantes, y la presencia de patrullas intentó impedir que abordaran autobuses.
- Participación de mandos militares y estructura de inteligencia: se señala la intervención de José Rodríguez Pérez (comandante del Batallón 27 de Infantería), así como una estructura militar que infiltró y dirigió los movimientos de los jóvenes, en conjunto con agentes federales de la Policía Federal.
- Operación clandestina para alterar evidencia: tres días después, la SEIDO habría ejecutado un operativo para mutilar videos que revelaban la verdadera ruta de los autobuses.
- La línea de mando alcanzaría hasta la Presidencia y la Sedena, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Defensa Salvador Cienfuegos.
Contexto ampliado: ¿operación de Estado o crimen organizado?
Distintas investigaciones previas ya habían apuntado a una participación activa del Estado:
- El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, calificó la desaparición como un crimen de Estado, y denunció que la “verdad histórica” fue fabricada, señalando colusión entre autoridades y el crimen organizado.
- El 27º Batallón de Infantería de Iguala, adscrito al Ejército, fue señalado por su cercanía geográfica e implicación en vigilancia y espionaje de los estudiantes.
- La “verdad histórica”, creada por altos funcionarios, se basaba en hipótesis de incineración de los estudiantes en Cocula con participación del crimen común, pero fue cuestionada como una estrategia para desviar responsabilidades más profundas.
- Según investigaciones institucionales como la COVAJ, existieron reuniones en Los Pinos y otros lugares donde se diseñó esa narrativa, con presencia de Peña Nieto, Cienfuegos, Murillo Karam y García Harfuch, entre otros.
- A inicios de 2024, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo ordenó la liberación de ocho militares ligados al caso, evidenciando también problemas estructurales en la justicia.
Omar García Harfuch y su rol en la operación contra los normalistas de Ayotzinapa
La investigación de Guadalupe Lizárraga revela que el actual secretario de Seguridad y exjefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, habría tenido una participación directa en la coordinación del operativo que derivó en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
De acuerdo con el Informe Pascal, el 26 de septiembre de 2014 a las 9:00 horas, en la Base Vértice de la Policía Federal en Acapulco, se llevó a cabo una reunión clave en la que estuvieron presentes altos mandos de esta corporación.
- En esa reunión no participaron ni la PGR, ni la Sedena, ni la policía estatal o ministerial.
- El documento señala que Omar García Harfuch, entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero, fue la figura encargada de dar las órdenes para cercar a los normalistas y bloquear sus movimientos.
La precisión con que fueron seguidos los estudiantes, así como la movilización inmediata de fuerzas federales y locales, indica —según la investigación— que la operación no fue improvisada, sino planificada y autorizada desde la cadena de mando federal.
Reunión del C4: el acuerdo para “acabar con los normalistas”
Más tarde ese mismo día, en el C4 de Acapulco, se celebró otra reunión extraordinaria con la participación de la Sedena, la Policía Federal, la Seguridad Pública estatal y la Policía Ministerial.
Un escolta del entonces director de la Policía Ministerial reveló que en esa sesión se habló explícitamente de la decisión de “acabar para siempre con los normalistas”.
Si bien García Harfuch no aparece mencionado en esta segunda reunión, su papel en la primera cita de la mañana refuerza la hipótesis de que tuvo un rol determinante en el arranque del operativo.
La línea de responsabilidad política
La implicación de García Harfuch ha sido mencionada en otras investigaciones oficiales y periodísticas:
- En informes de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), su nombre apareció como parte de la cadena de mando de seguridad que supervisaba los operativos en Guerrero.
- Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, era señalado como uno de los funcionarios clave de la Policía Federal en la región.
- Hoy, como figura de alto perfil en la política de seguridad mexicana, la sombra de Ayotzinapa sigue persiguiéndolo.
A pesar de estas menciones, García Harfuch no ha enfrentado procesos judiciales vinculados al caso. Sus ascensos en el ámbito de la seguridad —primero en la Policía Federal, luego como jefe de la Policía de la Ciudad de México y ahora como secretario de Seguridad en el gabinete federal— muestran un blindaje político que ha evitado que sea investigado a profundidad.
De “caos local” a crimen organizado desde el Estado
La investigación de Guadalupe Lizárraga, apoyada en evidencia inédita del Informe Pascal, ofrece una narrativa poderosa: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue una operación calculada, deliberada y encubierta por el aparato de seguridad estatal. No se trató de un colapso institucional, sino de una decisión dirigida desde niveles estratégicos, con consecuencias atroces que aún demandan respuestas, justicia y rendición de cuentas.
A casi 11 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, nuevas evidencias y la lucha incansable de los padres y madres, nos recuerdan que Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta y que la exigencia de justicia y verdad continúa.
La investigación completa puedes encontrarla aquí
