Un expediente interno de la Policía Federal, fechado en 2012 y bajo el número UAI/DGII/5518/12, determinó que Omar García Harfuch debía ser separado del servicio por no aprobar los exámenes de control de confianza —psicométricos, toxicológicos, médicos, poligráficos y de entorno social— indispensables para cualquier mando policial, según el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, artículo 19 fracción XVI. Este reproche, sin embargo, no impidió que, desde 2013, García Harfuch ascendiera a puestos estratégicos, convirtiéndose en una figura clave dentro de la red de protección institucional creada por Genaro García Luna hasta ser el hombre de mayor confianza de la presidenta Claudia Sheinmbaum, revela una investigación de Guadalupe Lizárraga publicado en Los Ángeles Press.
Un historial marcado por la impunidad
A pesar de un historial que incluye observaciones internacionales por violaciones a derechos humanos —ya inscrito en un cable diplomático desclasificado de WikiLeaks de 2009— y la recomendación de su baja oficial, García Harfuch no solo permaneció en el servicio, sino que escaló posiciones hasta convertirse en uno de los mandos más blindados del gobierno mexicano.
García Harfuch integró ese entramado político-policial sin pasar por el CISEN, pero operó con el mismo esquema de protección aplicado a figuras como Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, Ramón “Pequeño” García y Maribel Cervantes, quienes también formaron parte del círculo de lealtades construidas por García Luna. Varios de ellos enfrentan o enfrentaron acusaciones graves: tortura, corrupción, vínculos con el crimen organizado y participación en operativos cuestionados —entre ellos “Rápido y Furioso” y el encubrimiento en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Ascenso impune y nueva era de poder
En enero de 2013, solo meses después de conocerse el expediente interno que recomendaba su baja, la revista Proceso dio a conocer su nombramiento como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero —un estado golpeado por el narcotráfico—. En 2014, su nombre volvió a aparecer en el contexto del caso Ayotzinapa, con supuestas implicaciones de la Policía Federal en encubrimientos y manipulación de evidencia.
Hoy, la trayectoria de García Harfuch refleja, según la periodista investigadora Guadalupe Lizárraga, la continuidad del modelo de impunidad y blindaje sobre estructuras críticas de seguridad pública, legado de García Luna. Pese a presentarse como un “policía incorruptible”, su ascenso se inscribe en el mismo patrón de lealtades y protección institucional que permitió sostener a torturadores, corruptos y prófugos.
Implicaciones políticas y retos actuales
Ahora, como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Claudia Sheinbaum (desde el 1 de octubre de 2024), García Harfuch ocupa uno de los cargos más importantes en el aparato de seguridad nacional. Su designación, sin antecedentes recientes, genera un choque entre narrativa oficial y registros documentados: mientras el discurso gubernamental lo pinta como figura sólida en la lucha contra la corrupción y el crimen, los expedientes internos, las filtraciones y observaciones internacionales dibujan otro retrato: el de un operador político-policial protegido desde las sombras.
¿Figura protegida?
Este caso plantea preguntas críticas sobre los criterios de ascenso en las instituciones de seguridad y el peso real de los mecanismos de control de confianza en México. ¿Cómo se explica que un expediente que ordenaba la baja no solo fuera ignorado, sino que aquel que lo enfrentó ascendiera rápidamente? ¿Qué mensaje transmite esto sobre el sistema institucional de rendición de cuentas? En contextos donde la impunidad se eterniza, la consolidación de figuras protegidas —sin meritocracia democrática— profundiza grietas en el tejido republicano.
