Un nuevo reportaje de Reforma pone en el centro del debate político y fiscal al senador Adán Augusto López Hernández, al revelar que sus declaraciones públicas indican que pagó apenas un 2.4 % de ISR respecto a los ingresos que él mismo reportó durante los años 2023 y 2024.
Según el análisis de especialistas, López Hernández habría ingresado, en ese lapso, 79 millones de pesos por servicios profesionales, venta de ganado, renta de inmuebles y otras fuentes reconocidas. De ese monto, el cálculo sugiere que le correspondería cubrir aproximadamente 26 millones de pesos por concepto de ISR, pero en realidad habría pagado —según la declaración— solo alrededor de 1.9 millones de pesos.
Interpretaciones legales y fiscales
La brecha entre el ISR que pagó y el que correspondería llama la atención. Para varios especialistas consultados, las deducciones que López alegó no serían suficientes para justificar tan bajo porcentaje. El abogado Christian Benítez Núñez, de la Universidad La Salle, afirmó que “no cuadran sus ingresos con lo que pagó de impuestos”. Otro consultor, Manuel Minjares, estima que el pago razonable estaría más cerca de 23.8 millones de pesos. Incluso considerando deducciones, algunos diputados sugieren que la tasa real debería situarse entre 20 y 25%. Mario Di Constanzo, ex director de la Condusef, alertó que al no cubrir los impuestos correspondientes por ingresos de 79 millones de pesos, con tasas del 35 por ciento de ISR, estaría en una situación de evasión o elusión fiscal.
Más allá de las cifras estrictas, el caso plantea interrogantes sobre mecanismos de evasión o elusión fiscal de altos funcionarios con poder político, para quienes la capacidad de deducción y estructuración financiera puede operar con ventajas que no están al alcance del ciudadano promedio.
El contraste con la presión fiscal al empresariado
El reportaje cobra especial resonancia si se coloca en contraste con casos recientes donde el gobierno ha ejercido presión fiscal sobre grandes empresarios. Un símbolo de ello es Ricardo Salinas Pliego, magnate cuya relación con las autoridades fiscales se ha convertido en asunto público y sujeto a debates de origen político.
Salinas enfrenta litigios graves con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con créditos fiscales multimillonarios y acusaciones de no pagar impuestos. La administración en turno lo ha acusado públicamente de deber impuestos y de intentar evadir obligaciones legales. Ese trato contrasta con el aparente privilegio que López habría utilizado para registrar un pago de ISR aparentemente simbólico.
Además, otro episodio que evoca el doble rasero es el del productor ligado al gobierno, Epigmenio Ibarra, dueño de la empresa Argos Comunicación, quien obtuvo un crédito de 150 millones de pesos del banco estatal Bancomext durante la pandemia. Investigaciones independientes señalan que dicho crédito ha sido objeto de múltiples reestructuraciones, periodos de gracia y aplazamientos de pago, que para muchos implican condiciones favorables. Hasta la fecha, solo unos 30 millones han sido pagados, con un adeudo pendiente de alrededor de 120 millones, más intereses.
Lo político detrás de lo fiscal
El caso de Adán Augusto López no puede considerarse sólo un asunto técnico o tributario. En el contexto político, quienes integran el círculo gubernamental y quienes han sido beneficiarios de favores o deudores selectivos conforman un tablero donde las reglas fiscales no siempre se aplican con simetría.
El hecho de que un funcionario de alto rango declare impuestos por debajo del nivel que comúnmente aplica para ciudadanos y empresas llama la atención no sólo por la presunta disparidad, sino por la señal que envía: si el Estado tiene “líderes” exentos o con tratamiento preferencial, ¿cómo garantiza credibilidad ante el común de los contribuyentes?
La narrativa oficial, cuando se le confronta con estas acusaciones, suele evocar que quienes cuestionan lo hacen por motivaciones políticas. Adán Augusto López, tras la difusión de las declaraciones fiscales por N+Focus, defendió la legalidad de sus deducciones y aseguró que se sometió al marco vigente. Pero esa defensa no apaga las dudas sobre los mecanismos que permiten que un funcionario con visibilidad pública parezca pagar una tasa impositiva ínfima.
El episodio abre una grieta peligrosa para el discurso de justicia fiscal que el mismo gobierno ha promovido: si el Estado reclama cumplimiento de obligaciones tributarias con empresarios incómodos, debe ser coherente para consigo mismo y con sus propios miembros.
En las próximas semanas, este asunto reclamaría una intervención del SAT, una auditoría independiente sobre sus declaraciones y deducciones, y una explicación pública clara del exsenador. De no hacerlo, el escándalo podría escalar en el ámbito político, erosionando la autoridad moral del gobierno en materia de transparencia y justicia fiscal.
