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Veracruz, epicentro de la violencia electoral en 2024-2025

En su Informe sobre violencia 2024-2025, El Laboratorio Electoral documentó 68 eventos violentos: 62 en Veracruz, distribuidos en 49 municipios, y seis en Durango.
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A poco más de dos años de las elecciones generales de 2027, el panorama electoral en México ya arroja señales de alerta. El reciente Informe de Violencia Electoral 2024-2025, elaborado por el Laboratorio Electoral, revela una preocupante escalada de violencia político-electoral, particularmente en Veracruz, donde se registraron 62 eventos violentos, el mayor número a nivel nacional. Movimiento Ciudadano (MC), que se ha consolidado como la segunda fuerza política en la entidad, figura como uno de los partidos más afectados por estas agresiones.

El estudio monitoreó procesos extraordinarios judiciales en 19 estados, así como elecciones ordinarias en Durango y Veracruz, destacando amenazas, atentados, secuestros, asesinatos, intimidaciones y otros actos contra candidaturas, periodistas y funcionariado electoral. La definición de violencia electoral empleada se centra en acciones orientadas a ganar poder político mediante medios violentos, subvirtiendo la lógica democrática.

Veracruz, en el ojo del huracán

Mientras Durango registró apenas seis casos de violencia electoral, Veracruz se convirtió en un caso atípico con una oleada de ataques distribuidos en 49 municipios. Entre los incidentes documentados se encuentran 24 amenazas, 12 atentados, 4 secuestros, una desaparición y al menos siete asesinatos, todos ocurridos en este estado.

El informe detalla también que se suspendieron ocho casillas por actos violentos y se reportaron quemas de paquetes electorales y de oficinas del órgano electoral local. En este ambiente hostil, decenas de candidaturas renunciaron ante el clima de inseguridad, en muchos casos sin brindar mayores detalles por temor a represalias.

MC, que ha experimentado un crecimiento sostenido en Veracruz, se colocó como el tercer partido con más casos de violencia registrados (17.7% del total nacional en procesos locales), detrás de Morena y el Partido del Trabajo (PT). La salida del PT de la coalición oficialista liderada por Morena agudizó las tensiones y coincidió con una mayor exposición de sus candidaturas a ataques.

Uno de los casos más controversiales fue el de José Hernández Cayetano (PT), señalado por la fiscalía estatal por simular su propio secuestro. Mientras tanto, el asesinato de la candidata de Morena en Texistepec, Yesenia Lara, detonó un incremento exponencial de solicitudes de protección: de 64 a 118 en solo una semana. Al cierre del proceso, se contabilizaron 182 solicitudes de seguridad federal en Veracruz y Durango.

Movimiento Ciudadano: víctima y blanco político

El avance de Movimiento Ciudadano como fuerza emergente también lo convirtió en blanco de la violencia. Aunque no se proporcionaron nombres específicos en el informe, los datos muestran que los ataques no han sido aleatorios: han estado dirigidos principalmente a candidaturas y sus equipos (56.9% de los casos), lo que indica un intento de frenar su crecimiento en zonas estratégicas.

El partido naranja también ha denunciado un fraude electoral en el municipio de Papantla, donde tras una serie de irregularidades como apertura de paquetes electorales, incremento anómalo de votos nulos de MC, impedimento del conteo, entre otras viejas prácticas. El partido ha impugnado la elección y sigue exigiendo limpieza en la elección, donde han denunciado injerencia de la gobernadora, Rocío Nahle.

De cara al 2027: ¿Se repetirá la historia?

El Laboratorio Electoral advierte que lo ocurrido en 2024-2025 debe ser un punto de inflexión para las autoridades y actores políticos. Las elecciones de 2027, que serán concurrentes y complejas —incluyendo comicios judiciales y múltiples niveles de representación— requerirán monitoreos más sofisticados, protocolos de seguridad eficaces y una firme voluntad institucional para prevenir la violencia electoral.

Veracruz representa hoy un laboratorio no solo de violencia, sino de las consecuencias de la polarización, la fragmentación de alianzas políticas y la falta de garantías para competir en condiciones equitativas. Si no se actúa desde ahora, 2027 podría ser escenario de una crisis democrática aún más profunda.

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