Con base en el reportaje de Diana Manzo para Istmo Press, se documenta que en lo que va del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz, más de 900 jóvenes mujeres, entre 12 y 29 años, han desaparecido en Oaxaca, sin que sus casos cuenten con respuestas efectivas ni avance en las investigaciones.
Colectivas y organizaciones como Colectivos Chatino y Diálogos; la Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes; ROVIH; Solidaridad Internacional Kanda; SURCO; Te acompaño; Abrazaditas; Voces Ñuu Savi; la UAC Huitepec; el ICE UABJO; Marea Verde Mixteca y otras, emitieron un contundente llamado al gobierno de Oaxaca, señalando que estas desapariciones no sólo son una cifra, sino reflejan graves problemas de desigualdad estructural, violencia callejera y criminalización de las mujeres más vulnerables.
El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca respaldó que estos hechos han quedado mayormente en la impunidad, mientras las familias de las víctimas enfrentan revictimización institucional, ausencia de protocolos con enfoque de género y una “negligencia sistemática”.
La mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes, muchas hablan lenguas originarias y frecuentemente viven en territorios despojados, donde su organización cultural y laboral es invisibilizada o estigmatizada.
Asimismo, la población LGBTIQ+ —especialmente trans, no binaria, lesbianas y gays— enfrenta exclusión que las orilla a actividades informales o incluso al trabajo sexual desde edad temprana, exponiéndolas a violencia cotidiana y posibles desapariciones.
Demandas urgentes a la administración estatal
Las organizaciones solicitaron al gobierno encabezado por Salomón Jara Cruz la implementación de:
- Políticas interseccionales, diseñadas e implementadas en diálogo con juventudes urbanas, rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes, con discapacidad y disidencias sexuales;
- Protocolos de atención con enfoque de género que garanticen acciones integrales ante desapariciones;
- Mediación para detener la revictimización institucional de las familias afectadas;
- Garantías de inclusión y accesibilidad a jóvenes con discapacidad;
- Participación activa de la juventud en políticas ambientales, culturales y comunitarias.
Desde que Jara Cruz, del partido Morena, asumió la gubernatura (diciembre de 2022), Oaxaca ha sido escenario de una crisis profunda: no sólo persiste una alta tasa de violencia contra mujeres y adolescentes, sino que más de 900 desapariciones han quedado en su mayoría impunes. Las familias han tenido que suplir —educarse, buscar, promover— actuaciones que debieran ser responsabilidad del Estado.
Llamado a la acción
La alerta de más de 900 desapariciones en un solo sexenio es un llamado urgente a la acción. Estas ocurrencias —marcadas por discriminación por etnia, género, lengua y orientación sexual— reflejan una emergencia humanitaria y política. En un contexto de creciente exigencia social, el gobierno de Jara Cruz enfrenta la prueba de su capacidad de respuesta: si el Estado no articula una estrategia que contemple justicia, reparación, prevención y visibilización de las juventudes más vulnerables, la crisis no sólo persistirá, sino que seguirá cobrando vidas y esperanzas.
