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Fiscalía de CDMX reserva por 3 años la información sobre explosión de pipa en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde Luján, reservó por un periodo de tres años las grabaciones del C5 y la carpeta de investigación relacionadas con la explosión de una pipa sobre el Puente de la Concordia
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La decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde Luján, de reservar por un periodo de tres años las grabaciones del C5 y la carpeta de investigación relacionadas con la explosión de una pipa sobre el Puente de la Concordia ha desatado fuertes cuestionamientos en el ámbito público y político. La reserva de estos materiales — revelada por una solicitud de transparencia hecha por EMEEQUIS — ocurre en un contexto en el que muchas voces exigen claridad sobre las causas del siniestro y la actuación de las instituciones implicadas.

El episodio en cuestión ocurrió en Iztapalapa, donde una pipa de gas explotó tras volcarse. En primera instancia, las autoridades capitalinas atribuyeron la tragedia al exceso de velocidad del conductor, descartando que en la vía hubiese condiciones de riesgo — como baches o fallas estructurales — que pudieran agravar el accidente. Sin embargo, desde el momento del siniestro, periodistas, vecinos y expertos comenzaron a señalar contradicciones en la narrativa oficial, apoyándose en imágenes difundidas en medios que parecen refutar la versión de que la unidad transitaba a velocidad excesiva.

La exigencia de transparencia llevó a EMEEQUIS a solicitar acceso a las grabaciones del C5 correspondientes al momento del siniestro. La respuesta de la Fiscalía fue contundente: esos registros quedarán bajo reserva por tres años, contados a partir de su clasificación, y su custodia quedará en manos de la Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Carranza. En el oficio que la Fiscalía envió al medio se invoca el artículo 171, párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como fundamento para la reserva.

En cuanto a la carpeta de investigación completa, la Fiscalía argumenta que su revelación podría poner en riesgo el éxito de las indagaciones, pues permitiría que los posibles imputados conozcan de antemano los datos de prueba contenidos en el expediente. Según el documento, preservar la secrecía es un instrumento necesario para garantizar la eficacia del proceso penal. Pero cabe apuntar que la solicitud de EMEEQUIS había sido limitada únicamente a los videos del C5, no al expediente completo, por lo que la negativa a entregar incluso esos materiales ha sido vista por críticos como una estrategia de opacidad.

La postura pública de la fiscal Alcalde ha sido reforzar la versión oficial. En su primera declaración pública sobre el tema, el 30 de septiembre de 2025, negó que los videos difundidos por EMEEQUIS correspondieran al momento exacto del accidente, alegando que esos registros ocurren antes de la curva fatídica y no reflejan la velocidad real. De acuerdo con su comunicado, los videos privados y los del C5 fueron analizados y considerados, junto con los cálculos periciales y los datos del GPS instalado en la pipa.

No obstante, la propia EMEEQUIS evidenció que, tras la difusión de nuevas imágenes en sus reportes (“Nuevo video de la pipa 37 segundos antes de la tragedia” y “La Concordia en Iztapalapa: 38 accidentes en seis años”), la versión oficial cambió parcialmente: Alcalde admitió que la pipa ingresó a la curva a una velocidad entre 44 y 46 km/h, según registros de telemetría del GPS aportados por la empresa propietaria. Esa cifra coincide con los cálculos de los peritos en tránsito terrestre, pero se aparta del primer señalamiento de 50 km/h.

Otra inconsistencia que ha generado suspicacias tiene que ver con el estado de la vialidad. La fiscal ha descartado que existiera bache o daño estructural en la vía que hubiese contribuido al accidente, afirmando que la carpeta asfáltica estaba en condiciones adecuadas. Asimismo, aseguró que el impacto con la barrera divisoria provocó la inclinación del tanque hacia un costado, y que la fuga del gas habría comenzado por una hendidura producto del roce del tanque con el muro de contención. En su versión, la velocidad disminuyó hasta que la unidad quedó detenida tras el impacto, momento en el que se desató la fuga que derivó en la explosión.

Aun así, la narrativa del gobierno de la ciudad ha entrado en tensión con el deterioro estructural del puente: tras el siniestro, se reportó la aparición de un socavón justo en la curva donde ocurrió la explosión. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lo calificó como una “grieta”, mientras que vecinos y testigos señalan que ese daño pudo haber sido anterior y contribuir al incidente. EMEEQUIS documentó que en esa curva se han registrado decenas de accidentes en los últimos años, lo que alimenta la hipótesis de que la infraestructura estaba en condiciones deficientes incluso antes de que la pipa pasara por ahí.

Para los críticos, la decisión de reservar por tres años esos registros fundamentales constituye un grave obstáculo para la rendición de cuentas. En tanto que las víctimas, sus familiares y la sociedad en general demandan conocer los hechos con precisión, las autoridades responden con argumentos legales de reserva e invocaciones a la integridad de la investigación. Pero en casos de alto impacto social y riesgo institucional, la transparencia se considera esencial para restituir la confianza pública.

A nivel político, el hecho adquiere resonancia por el papel de Alcalde Luján como titular de la Fiscalía en la capital, una dependencia que se mueve en un entorno de fuertes críticas hacia la administración de justicia local. El secretismo que rodea la atención del caso de la pipa en Iztapalapa no solamente genera críticas sectoriales, sino que pone en el centro del debate la tensión entre el derecho a la información y los mecanismos institucionales que permiten restringirla.

Mientras los tres años transcurrran, esos videos, esos datos de prueba, esas imágenes del instante fatal permanecerán inaccesibles al escrutinio público, mientras las familias de las 31 víctimas mortales siguen esperando justicia y no complicidades políticas de los responsables. Los cuestionamientos sobre qué se oculta tras la cláusula de reserva seguirán flotando, y habrán de surtir su efecto político e institucional mucho antes de que venza ese período. En última instancia, queda planteada una pregunta inquietante: ¿qué tanto dependerá la verdad sobre la tragedia de la voluntad de quien la custodia?

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