El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, por lo que la norma aprobada originalmente por el Congreso el 10 de julio deberá entrar en vigor y ser remitida para su promulgación por el Poder Ejecutivo.
La Cámara Alta decidió insistir en la sanción con 63 votos a favor, siete en contra y sin abstenciones, lo que representa, según la prensa, el primer caso de este tipo en 22 años.
La iniciativa, que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y obliga al Estado a garantizar la financiación adecuada de pensiones y servicios de asistencia, fue vetada por el presidente Javier Milei mediante un decreto el 2 de agosto.
Previamente, la Cámara de Diputados rechazó el veto el 20 de agosto. Tras la votación de la Cámara Alta, el texto legal quedó confirmado en su redacción aprobada por el Congreso.
En el cierre de la sesión, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, formalizó la insistencia del cuerpo y explicó el trámite parlamentario correspondiente.
“Este honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. En consecuencia, el proyecto de ley es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación”, indicó Abdala.
Durante el debate en el recinto y en las intervenciones públicas previas, legisladores de distintos bloques criticaron el veto y defendieron la necesidad de garantizar recursos y atención para las personas con discapacidad, en un contexto que, según legisladores opositores, se agravó por las medidas de ajuste del Gobierno.
La senadora Alejandra Vigo calificó el veto como “inhumano” y afirmó que la iniciativa debía “ser ley, no solamente por los discapacitados, sino por toda la sociedad”.
El rechazo al veto se produjo en un clima político marcado por un escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
A partir de la difusión de grabaciones atribuibles a funcionarios y empresarios, se denunciaron presuntos sobornos vinculados a la comercializadora Suizo Argentina, y fue señalada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La Justicia abrió investigaciones y ordenó allanamientos relacionados con el caso. Varios senadores enlazaron el debate sobre la ley con ese episodio de presunta corrupción.
En ese marco, la senadora peronista Juliana Di Tullio subrayó el papel de las personas con discapacidad en la disputa política, afirmando que “las que le están poniendo un freno a este Gobierno y al presidente Javier Milei”.
Por su parte, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Propuesta Republicana) vinculó la financiación de la norma con el cuestionamiento por los presuntos sobornos.
“Cuando me pregunten de dónde sale la plata para financiar esta ley, les voy a contestar que sale del sobreprecio y la coima (sobornos)”, afirmó Tagliaferri.
El Ejecutivo argentino justificó el veto en la búsqueda del equilibrio fiscal; el presidente Milei señaló que vetaría proyectos que, según su criterio, aumentaran el gasto sin fuentes claras de financiamiento y amenazó con llevar el asunto a la Justicia si el Congreso “empecinaba” en aumentar el gasto.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el impacto fiscal de la ley entre el 0,28 % y el 0,51 % del Producto Interno Bruto, cifra que fue citada por legisladores en el debate sobre capacidad de financiamiento.
Organizaciones civiles, agrupaciones de personas con discapacidad y familiares se concentraron en las inmediaciones del Congreso y valoraron la decisión parlamentaria.
Legisladores que apoyaron la insistencia señalaron que, a raíz del ajuste del Gobierno, hubo recortes y, según denuncias recogidas en el debate, se produjeron cancelaciones de pensiones por discapacidad —cifras difundidas por distintos actores hablan de más de 100.000 casos en semanas recientes—.
Con la insistencia aprobada en el Senado, el expediente regresó al Poder Ejecutivo para su promulgación formal. Fuentes mediáticas consultadas indicaron que la Presidencia no había confirmado, a la hora de cierre de la sesión, si recurriese a la vía judicial para impugnar la decisión parlamentaria.
Analistas y voces políticas advirtieron que el episodio agrava la tensión entre el Gobierno y el Congreso a pocas semanas de importantes citas electorales previstas para el país.
La votación en el Senado fue de 63 a favor, 7 en contra, y 0 abstenciones. La última vez que el Congreso revirtió un veto total
Con información de EFE
