Desde la mañana del lunes 9 de septiembre, hace ya 100 días, los habitantes de Culiacán, capital de Sinaloa, se han visto obligados a revisar sus redes sociales y noticieros como si se tratara de un informe sobre el clima. La verdadera preocupación, sin embargo, no es el pronóstico del tiempo, sino saber si es seguro salir a la calle.
Este estado de alerta constante comenzó cuando los enfrentamientos entre dos poderosas facciones del crimen organizado —la de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la liderada por Ismael “El Mayo” Zambada— se intensificaron, dejando hasta el momento más de 600 muertos (según el registro oficial) y más de 900 personas privadas de su libertad.
Los 100 días de violencia han puesto a Sinaloa como el segundo estado más violento del país, solo por debajo de Guanajuato, durante el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
La cifra es alarmante: en promedio, se comete un asesinato cada cuatro horas, seis cada día. Según la Fiscalía General del Estado, entre el 9 de septiembre y el 9 de diciembre se registraron 555 homicidios dolosos. Pero las muertes no son la única consecuencia de la violencia. La presencia del crimen organizado en las calles ha generado efectos colaterales que han paralizado a la ciudad.
En entrevista con Proceso, el empresario sinaloense y exdiputado federal independiente, Manuel Clouthier, reflexionó sobre los estragos intangibles de esta crisis. “La realidad está en la calle”, afirmó, señalando cómo la ciudadanía ha reducido sus actividades diarias y cómo el comercio local se ha visto gravemente afectado. Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sinaloa, el estado ha perdido más de 18 mil millones de pesos debido a la paralización económica.
La violencia se mantiene en las calles, como quedó demostrado en un brutal enfrentamiento ocurrido cerca del mediodía del sábado 14 de diciembre, en la zona de Real del Country, en Culiacán. Más de 300 disparos de arma de fuego fueron suficientes para ejecutar a un hombre en plena vía pública, en medio de la actividad de una liga infantil de béisbol.
En diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a Culiacán para tratar de frenar la ola de violencia. Durante su visita, se presumen algunos avances, como arrestos en Ahome y un decomiso histórico de fentanilo. Además, las autoridades informaron sobre el decomiso de alrededor de mil armas, 765 largas, 140 cortas y 249 mil cartuchos. También se aseguraron más de 160 granadas y artefactos explosivos artesanales utilizados por los grupos criminales.
A pesar de estos esfuerzos, la confianza en las autoridades sigue siendo escasa. En un controversial comentario, Harfuch afirmó que la solución a la crisis de violencia podría implicar “lo que sea necesario”. Esta declaración generó desconfianza entre los ciudadanos, que ven cómo los enfrentamientos continúan desbordando la capacidad de las fuerzas de seguridad.
