La propuesta original del impuesto generó un rechazo significativo entre la comunidad gamer en México, así como políticos de Movimiento Ciudadano que expresaron su rechazo a la iniciativa. Las críticas no se centraron únicamente en el impacto económico del gravamen, sino en el enfoque conceptual de la medida. Muchos jugadores, desarrolladores y especialistas consideraron que vincular de manera directa a los videojuegos con la violencia o la adicción simplificaba un fenómeno complejo