Opinión Por: Mario Arturo Pico

Magistrada incorruptible: secuestro, justicia y política a la mexicana

En Chihuahua no necesitamos series de Netflix para hablar de crimen, poder y corrupción. Aquí tenemos nuestras propias telenovelas, con magistradas incorruptibles, diputados “ejemplares” y, por supuesto, familiares incómodos que salen de prisión como si fueran de paseo al Oxxo.

La trama es digna de un guion: liberan a Edgar Hernán Escárcega Valenzuela, sentenciado por secuestro, nada más y nada menos que hermano de la magistrada “incorruptible” Nancy Escárcega Valenzuela, quien hace unos días era presentada como símbolo de integridad. ¿Y quién es el esposo de la señora magistrada? Pues Francisco Sánchez, líder de Movimiento Ciudadano en Chihuahua. ¡Una familia ejemplar! Unos en el Congreso, otros en el Tribunal, y uno más en el penal… aunque parece que ya no.

El juez que firmó la liberación se llama Juan Carlos Erives Fuentes. Un nombre que debería quedar grabado en la memoria colectiva, porque gracias a él, un sentenciado con 25 años por cumplir ahora está de nuevo en la calle. No sabemos si fue por arte de magia, por una laguna legal o por un conjuro político-familiar. Lo único seguro es que la justicia en Chihuahua parece tener puerta giratoria, pero con pase VIP para los apellidos influyentes.

¿Y la magistrada? Ella, oficialmente, no tuvo nada que ver. Pero ya sabemos cómo funciona la política: no importa que no mueva un dedo, la sombra de la duda la acompaña. Porque si tu hermano está preso por secuestro y de pronto lo liberan justo cuando tú llegas al poder, pues no necesitas un doctorado en derecho para sospechar. La coincidencia huele peor que promesa de campaña.

Lo más divertido es la narrativa con la que intentan vender a la magistrada como “incorruptible”. El eslogan les duró menos que una nieve en Juárez. Porque si algo indigna a la gente es esa burla constante de presentarnos a los políticos y jueces como santos, cuando sus vidas familiares parecen manuales de cómo no gobernar.

El silencio del Poder Judicial tampoco ayuda. Nadie explica nada. Nadie se atreve a dar una versión oficial convincente. Y mientras tanto, en los pasillos se escuchan risitas y frases como “ya ven, todos tienen precio”. La confianza ciudadana se desmorona, pero eso sí: los comunicados llenos de tecnicismos legales están listos para justificar lo injustificable.

Y claro, en medio del escándalo, Francisco Sánchez sonríe. El diputado naranja debe estar feliz: su esposa magistrada, su cuñado libre, y él con reflectores gratis. Movimiento Ciudadano debería incluirlos en su propaganda: “La nueva política: ahora también con secuestradores liberados”.

La magistrada, conviene recordarlo, apenas alcanzó a ganar su posición gracias a una jugada doble: por un lado, se colgó de la endeble estructura que todavía sobrevive en Movimiento Ciudadano en Chihuahua, y por el otro, se benefició del generoso “patrocinio” de su esposo, el diputado Francisco Sánchez, quien puso a disposición todos los recursos económicos acumulados tras la estafa política más comentada en los pasillos naranjas: el desfalco a los excandidatos del 2024, a quienes les desapareció el dinero de campaña. En otras palabras, una candidatura construida no con mérito propio, sino con lo que quedaba del partido y lo que sobraba de la caja chica marital.

La pregunta es: ¿qué sigue? ¿Lo veremos en una conferencia hablando de reinserción social? ¿Le darán un cargo en algún organismo de seguridad? ¿O será invitado especial en la próxima asamblea de MC? En este país nada sorprende.

Al final, este episodio deja una lección clarísima: en Chihuahua la justicia no es ciega, es tuerta y con lentes de aumento para los amigos del poder. Para el ciudadano común, la ley cae con todo su peso, pero si tienes el apellido correcto, te aplican la modalidad “liberación exprés”.

Por eso la indignación no es gratuita. Porque mientras familias enteras siguen buscando justicia por delitos atroces, a otros les basta un apellido y una magistrada en la familia para salir por la puerta grande. Y luego todavía nos piden confianza en las instituciones.

En conclusión, más allá de la batalla mediática, este caso exhibe las profundas grietas de nuestro sistema judicial. Hoy, más que nunca, Chihuahua necesita respuestas claras, no evasivas. Y la ciudadanía merece justicia, no favores disfrazados de legalidad.

* Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y firma, y no representan el punto de vista de Enboga.