A 56 años de la represión estudiantil en Tlatelolco, el gobierno de México, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció una disculpa pública en nombre del Estado mexicano por los crímenes cometidos el 2 de octubre de 1968.
En una ceremonia realizada durante la primera conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez afirmó que el país tiene la responsabilidad histórica de reconocer las atrocidades perpetradas esa noche bajo el mando del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.
Dirigiéndose a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes, la titular de Gobernación enfatizó que estos actos represivos fueron “ideados, ejecutados y encubiertos desde la más alta autoridad del poder público”. Aseguró que el Estado mexicano no debe olvidar ni permitir la repetición de hechos tan graves.
“Hoy nos dirigimos a las madres, padres, hermanos y familias de aquel oscuro periodo. El Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968”, manifestó Rodríguez.
La represión en Tlatelolco, ordenada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, dejó como saldo decenas de muertos, heridos, detenidos extrajudicialmente y torturados, en lo que se considera uno de los episodios más violentos de la historia reciente de México. Rodríguez subrayó que la disculpa se emite con la convicción de que el gobierno actual tiene la responsabilidad de garantizar que estas violaciones a los derechos humanos sean reconocidas y nunca se repitan.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien firmó un decreto en torno a este acto, expresó que para ella era una “obligación moral” ofrecer esta disculpa, dado que su madre, Annie Pardo Cemo, fue parte activa del movimiento estudiantil de 1968. Sheinbaum recordó cómo su madre, quien en ese entonces era profesora del Instituto Politécnico Nacional, participó ayudando a los estudiantes y fue posteriormente expulsada del instituto por su implicación en el movimiento.
“Personalmente, para mí, es una obligación el día de hoy, he dicho en otras ocasiones que soy hija del 68, mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional, ella participó en todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes, después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado”, subrayó.
El decreto presidencial, presentado por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, establece que el gobierno federal se compromete a garantizar la no repetición de actos como los ocurridos en 1968.
Este compromiso implica que las Fuerzas Armadas no serán utilizadas contra la población y que las víctimas de represión tienen sus derechos reconocidos. El decreto también ordena que las estructuras militares nunca deben atacar a los ciudadanos.
