La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Mario Aburto Martínez, señalado como el asesino de Luis Donaldo Colosio, permanecerá en prisión.
En una resolución emitida este miércoles 23 de octubre, la Primera Sala del máximo tribunal ordenó reponer el procedimiento relacionado con el juicio de amparo promovido por Aburto, en el que busca una reducción de su sentencia de 45 a 30 años de prisión.
El fallo fue emitido con tres votos a favor del proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien planteó la necesidad de notificar a la familia del excandidato presidencial para que, como víctimas del crimen, decidan si aceptan la aplicación de la pena reducida. La resolución establece que la familia Colosio debe ser consultada, dado que el Código Penal del estado de Baja California, vigente en 1994, contemplaba una pena de 30 años por homicidio.
Este nuevo procedimiento deberá ser conducido por el Tribunal Colegiado en el Estado de México, que deberá notificar a los familiares de Colosio y escuchar sus posturas antes de proceder a una nueva sentencia. La decisión de la Primera Sala revoca un amparo previamente otorgado a Aburto que abriría la posibilidad de que recuperara su libertad anticipada.
La discusión en la Corte, que concluyó con el voto de desempate de la ministra Lenia Batres Guadarrama, también fue marcada por la participación de otros cuatro ministros. En una sesión anterior, celebrada en septiembre, el caso quedó empatado tras la participación de los ministros Loretta Ortiz Ahlf y González Alcántara Carrancá, quienes votaron a favor de revocar el amparo, y de los ministros Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes votaron en contra.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala, se excusó de participar en el caso debido a su intervención en etapas previas del proceso judicial contra Aburto.
El fallo se dio tras una impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR), que alegó que el amparo otorgado a Aburto no tomó en cuenta el derecho de las víctimas a ser escuchadas. Con esta resolución, el proceso deberá volver a ser evaluado, tomando en cuenta la legislación vigente en Baja California en el momento del crimen y con la participación de la familia de Colosio.
