El Gobierno del expresidente Donald Trump ha incrementado la presión sobre México para que investigue y procese a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, e incluso que los extradite a Estados Unidos si enfrentan cargos penales, revelaron fuentes con conocimiento directo de las negociaciones.
Las exigencias, planteadas en al menos tres ocasiones por el Secretario de Estado Marco Rubio y su equipo en reuniones bilaterales, están dirigidas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Washington exige que se emprenda una ofensiva inédita contra la “narcocorrupción” —incluso si ello implica procesar a figuras en activo de Morena, el partido en el poder—, advirtieron cuatro personas cercanas a las conversaciones.
Dos de las fuentes aseguran que Rubio amenazó con imponer nuevos aranceles si México no toma medidas concretas. La presión estadounidense ocurre en un contexto en el que se acusa al Gobierno mexicano de permitir la creciente influencia de los cárteles.
Uno de los encuentros clave ocurrió el 27 de febrero en Washington, con la presencia de Rubio, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, la fiscal general de EE.UU. Pam Bondi y altos funcionarios del Departamento de Justicia, Seguridad Nacional y el Tesoro. Por parte de México también asistieron el fiscal general Alejandro Gertz y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
En las discusiones se mencionó a cinco políticos en funciones de Morena y un exsenador. Entre ellos, según dos fuentes, está la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien recientemente denunció la cancelación de sus visas por parte de Estados Unidos, calificándola como una “injusticia”. No dio detalles del motivo.
La Casa Blanca, el Departamento de Estado, la Fiscalía mexicana y otras dependencias declinaron hacer comentarios al respecto.
México ya deportó a 29 presuntos miembros de cárteles a finales de febrero —la cifra más alta en años—, lo que sugiere que el gobierno de Sheinbaum busca evitar una crisis comercial con EE.UU. No obstante, aceptar públicamente las exigencias podría costarle caro políticamente, ya que los señalamientos alcanzan a miembros activos de su partido.
Funcionarios estadounidenses también propusieron establecer un “zar del fentanilo” para coordinar directamente con el equipo de Sheinbaum los avances en la lucha contra este opioide, que ha provocado miles de muertes por sobredosis en EE.UU.
El tema es delicado: la Fiscalía mexicana es constitucionalmente autónoma, y en México perseguir a políticos en funciones ha sido considerado durante décadas como una línea roja. La última vez que Washington lo intentó, con la detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en 2020, desató una tormenta diplomática. Estados Unidos terminó por retirar los cargos y Cienfuegos regresó a México, donde nunca fue procesado.
La nueva presión de Trump, en caso de concretarse, podría marcar un cambio radical en la forma en que ambos países enfrentan el narcotráfico y la corrupción política, pero también amenaza con abrir un nuevo frente de tensión bilateral.
