La convocatoria lanzada por escritoras, poetas y colectivas feministas a un “mitin poético” frente a la sede del Fondo de Cultura Económica (FCE) en la Ciudad de México tras las polémicas declaraciones de su director, Paco Ignacio Taibo II, trasciende el universo literario como un estallido público de reclamo político, cultural y simbólico. La indignación no tiene su origen en un simple “error de comunicación”: es, antes que nada, un precipitado de décadas de desigualdades, invisibilización y rechazo estructural contra las escritoras y poetas —y contra el valor que se concede a sus voces.
La declaración de Taibo II
Durante la presentación de la campaña “25 para el 25”, que plantea regalar 2.5 millones de libros en 14 países de América Latina, Taibo II respondió a cuestionamientos sobre la escasa presencia femenina en la selección editorial con una frase que ha sido ampliamente calificada como misógina: “Si partimos de la cuota, un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de haber sido escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos. Fue precisamente ese comentario el que detonó la convocatoria para que el martes 28 de octubre, a partir de las 10:00 a. m., frente al FCE ubicado en Carretera Picacho-Ajusco 277 (Col. Fuentes del Pedregal), se reúnan quienes consideran que esas palabras no pueden quedar sin una respuesta visible.
El contexto es relevante: la literatura mexicana e iberoamericana ha estado marcada por un predominio masculino en los grandes circuitos editoriales, en los premios literarios, en las antologías de referencia. En este caso, la colección lanzada desde el FCE seleccionó 27 títulos, solo 7 de los cuales fueron firmados por mujeres, según reportes citados. Cuando desde la órbita pública un funcionario cultural institucionaliza una valoración tan explícita sobre “calidad” literaria asociada al género —y excluye sistemáticamente a mujeres de la lectura y distribución institucional—, el reclamo no es uno más, sino un cuestionamiento directo a la legitimidad del aparato cultural que gobierna lo que se lee, se difunde y se considera “canon”.
Las protestantes no solo piden disculpas o rectificación: exigen que se transforme la estructura misma que permite que un comentario semejante se emita en cadena nacional, que se minimice, que se “justifique” con que se usó la palabra “poemario” o “mala calidad”. Las escritoras consultadas han sido enfáticas en que no necesitan que se les invite a hacer una “colección de mujeres” como acto simbólico de reparación, sino que se reconozca su obra con los mismos criterios que a sus contrapartes masculinas, en igualdad de condiciones. Como señaló la poeta María Rivera: “No, gracias, señora Presidenta. No necesitamos su condescendencia. Las mujeres no somos unos entes ahí que andan escribiendo sus ‘poemitas’…”
En efecto, la respuesta institucional no fue inmediata ni contundente: la titular de la nación, Claudia Sheinbaum, apenas se refirió al asunto al plantear que se preparará “una colección de mujeres” para el futuro, mas también llamó la atención la reacción de la presidenta al momento de que Taibo hizo su desafortunada declaración, pues reaccionó riéndose.
La manifestación del martes constituirá, por tanto, una escena altamente simbólica: frente a un edificio que representa el poder editorial estatal, voces literarias históricamente silenciadas se reunirán con sus poemas en mano, con la etiqueta #PoemasHorriblesParaTaiboII y con la clara intención de revertir aquello que el comentario del director parecía naturalizar: que una obra de mujer puede desecharse por ser de mujer, por “calidad”, por “cuota”.
Más allá de una declaración desafortunada
Desde la perspectiva política, lo que está en juego excede la mera anécdota de una declaración desafortunada. Lo que se cuestiona es la cultura de la institución pública de cultura, la forma en que el Estado decide qué literatura merece ser difundida, quiénes son los lectores a los que se accede y bajo qué criterios. En un país donde el acceso a la lectura es también una cuestión de equidad, las decisiones editoriales públicas tienen un impacto real: en bibliotecas comunitarias, en centros de lectura rurales, en jóvenes que quizás no estén leyendo a mujeres porque no encuentran sus obras. Y eso no es un asunto menor.
También se ha puesto sobre la mesa el manejo de recursos públicos para regalar libros en otros países, con cuestionamientos acerca del costo y el manejo que el director del Fondo de Cultura Económica ha llevado desde el sexenio anterior.
Por otro lado, la reacción revela una fisura política en el seno del aparato cultural del gobierno actual: un funcionario ligado históricamente a los círculos progresistas —Taibo II tiene un largo historial como activista, escritor y militante — avala públicamente un criterio que muchas otras funcionarias, funcionaries y editoriales han considerado obsoleto y excluyente.
Las voces de las autoras que se manifiestan advierten que esto no se reduce a “una disculpa” ni al “aceptar que a veces uno se expresa mal”: el reclamo apunta a una transformación. A que instituciones como el FCE garanticen que la selección de títulos, el diseño de colecciones, las políticas de distribución y los criterios de calidad editorial no reproduzcan lógicas patriarcales o de exclusión. No se trata solo de aumentar el porcentaje de autoras por cumplir “una cuota”: se trata de construir un canon más diverso, más rico, más incluyente, y de reconocer que las escritoras no están aquí para “llenar espacios”, sino para ocuparlos.
El martes, en las afueras del FCE, los poemas doblados, las voces en lectura, el hashtag y la cámara de las redes sociales serán la escena para un reclamo que puede parecer pequeño —una frase ofensiva, una colección— pero que en realidad abre un debate profundo sobre poder, literatura, género y cultura pública.
