En medio de un entorno adverso marcado por el endurecimiento de políticas antimigratorias en Estados Unidos y nuevas restricciones sobre el envío de dinero desde zonas fronterizas, las remesas que llegan a México dieron un respiro en marzo. Sin embargo, el crecimiento acumulado en el primer trimestre de 2025 fue uno de los más débiles desde el inicio del actual gobierno federal.
Según datos del Banco de México, en marzo ingresaron al país 5 mil 150 millones de dólares en remesas, lo que representó un repunte mensual de 15.52% respecto a febrero. Este rebote cortó una racha de caídas que comenzó en noviembre del año pasado, en medio de la incertidumbre provocada por el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y las primeras acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum.
El avance de marzo no solo implicó más dinero, sino también más envíos: se realizaron 13.4 millones de operaciones con un promedio por remesa de 383 dólares, lo que se traduce en un crecimiento anual de 2.7%, impulsado por un aumento del 2.4% en el número de transferencias y un 0.3% en el monto promedio por envío.
A pesar del alivio en marzo, el balance del primer trimestre de 2025 es preocupante. Entre enero y marzo, México recibió 14 mil 269 millones de dólares en remesas, apenas 1.3% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando el crecimiento fue de solo 0.8%.
En contraste, durante los primeros tres meses de 2020, las remesas crecieron 19.27%, y en 2022 el incremento fue de 15.04%. Los datos actuales reflejan un contexto más complicado, tanto por factores económicos como por decisiones de política exterior del país vecino.
Endurecimiento en Estados Unidos: nuevo reglamento bajo sospecha
Parte de la debilidad en el flujo de remesas se relaciona con una reciente norma del Departamento del Tesoro de EE.UU., que a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), impuso una Orden de Focalización Geográfica (GTO) para monitorear el envío de dinero desde al menos 30 códigos postales de California y Texas, zonas con alta concentración de población migrante mexicana.
La medida, impulsada por la administración Trump, obliga a reportar todas las transacciones entre 200 y 10,000 dólares, especialmente si se realizan en efectivo y mediante money orders. Además, exige datos como licencia de conducir, número de seguro social y teléfono de contacto, lo que ha complicado el envío de dinero para migrantes indocumentados, quienes representan una parte importante del flujo de remesas.
Ante esta situación, la Asociación de Empresas de Servicios Financieros de Texas presentó una demanda alegando que la medida es excesiva y amenaza la viabilidad de pequeños negocios. Un juez federal, Fred Biery, concedió una orden de restricción temporal para suspender la aplicación de la GTO a 11 empresas demandantes, pero el resto continúa bajo el nuevo régimen.
El envío de remesas es una fuente esencial de ingreso para más de 10 millones de hogares mexicanos, por lo que cualquier medida que restrinja este flujo tiene efectos sociales inmediatos. Aunque el repunte de marzo alivia temporalmente la situación, la incertidumbre legal en EE.UU. y el endurecimiento de las políticas migratorias podrían afectar aún más el desempeño de estos ingresos en los próximos meses.
La batalla legal en Estados Unidos continúa, y su desenlace será clave no solo para la comunidad migrante, sino también para la economía de cientos de municipios en México que dependen de estos envíos para sobrevivir.
