La reciente encuesta realizada por EnBoga en la red social X volvió a poner en el centro del debate nacional la percepción ciudadana sobre la reforma a la Ley de Amparo y los llamados “misteriosos amparos” que, según trascendió en medios y redes sociales, habrían beneficiado a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta que se planteó fue directa y provocadora: “¿La reforma a la Ley de Amparo y los misteriosos amparos a los hijos de AMLO son un circo para proteger corruptos o un complot político?”. Las respuestas reflejan con crudeza la desconfianza y polarización que atraviesa a la opinión pública.
De acuerdo con los resultados, el 62% de los encuestados consideró que el trasfondo de esta polémica es encubrir a corruptos, lo que muestra que para una amplia mayoría la narrativa oficial y las reformas legales impulsadas en el Congreso no alcanzan a convencer sobre un propósito de transparencia o justicia. Por el contrario, se asocia el tema con la protección de intereses personales y con la idea de que el sistema judicial estaría siendo manipulado para beneficio de ciertos grupos cercanos al poder. Este porcentaje da cuenta de un sentimiento extendido de escepticismo hacia la llamada Cuarta Transformación, cuyos mensajes en materia de combate a la corrupción han sido uno de los pilares de su discurso desde 2018.
Un segundo bloque, que representa el 22.5% de los participantes, calificó el episodio como un “show distractor de la 4T”. Esta opinión sugiere que, más allá del contenido jurídico, lo que predomina es la idea de un montaje político cuyo fin es desviar la atención de otros problemas urgentes del país, como la violencia, la crisis económica o los escándalos de corrupción que han golpeado a distintos niveles de gobierno. Se trata de un sector importante de la ciudadanía que no necesariamente acusa directamente a los hijos del presidente de haber recibido favores, pero que tampoco cree en la autenticidad del debate legislativo y mediático en torno a la reforma a la Ley de Amparo.

Por otro lado, el 15.4% de los encuestados señaló que “fueron los de Morena”, lo que evidencia una minoría que atribuye directamente la responsabilidad al partido en el poder, ya sea por acción u omisión, y que considera que detrás de los amparos y de la iniciativa legislativa existe una operación orquestada desde el oficialismo para blindarse ante eventuales investigaciones judiciales. Aunque numéricamente más reducido, este sector mantiene vivo el señalamiento directo hacia el movimiento lopezobradorista y sus principales operadores políticos en el Congreso.
El estudio de EnBoga se inscribe en un contexto particularmente delicado para el gobierno federal. La reforma a la Ley de Amparo, que ha sido señalada por juristas y organizaciones de la sociedad civil como una amenaza al derecho de los ciudadanos a defenderse de actos de autoridad, ha levantado una ola de críticas y advertencias sobre posibles retrocesos democráticos. Al mismo tiempo, la controversia sobre presuntos beneficios judiciales a los familiares del presidente intensificó la percepción de que existe un doble rasero en la aplicación de la ley.
La encuesta no sólo mide preferencias coyunturales, sino que exhibe la fractura en la credibilidad institucional. El hecho de que más de seis de cada diez personas encuestadas asocien este debate con la protección de corruptos es un golpe directo al relato oficial de que la reforma busca limitar los abusos del amparo en beneficio de poderosos empresarios. En cambio, los datos revelan que buena parte de la sociedad interpreta la medida como un blindaje político para proteger a quienes tienen cercanía con el poder.
Con estas cifras, la disputa sobre la Ley de Amparo y los supuestos amparos concedidos a los hijos de López Obrador se consolida como un tema sensible que trasciende lo estrictamente jurídico. La narrativa pública se mueve entre la sospecha de encubrimiento, la idea de un montaje distractor y la acusación directa a Morena. En cualquier caso, el resultado es un clima de creciente desconfianza hacia el sistema político y judicial, en el que la credibilidad de la 4T vuelve a quedar en entredicho ante la mirada de la ciudadanía.
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