Miles de migrantes varados en Tapachula —en su mayoría procedentes de América Latina— han anunciado la conformación de una nueva caravana con rumbo al norte del país. La fecha prevista es el lunes 4 de agosto de 2025, a menos que las autoridades mexicanas respondan con soluciones concretas a sus demandas.
¿Por qué protestan y exigen avanzar?
Desde hace meses, este grupo ha tramitado sus solicitudes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), buscando regularizar su estancia en México. Sin embargo, no han obtenido respuestas, y se enfrentan a una prolongada “indefensión” por la saturación de oficinas, falta de personal, citas aplazadas y más de 14 000 trámites detenidos, según el Centro de Dignificación Humana.
Esa situación se traduce en imposibilidad para trabajar formalmente. Muchos sobreviven en condiciones precarias, sin ingreso estable y con afectaciones graves a su dignidad.
Datos clave del contexto
La nueva caravana partirá el 4 de agosto de 2025 desde Tapachula, Chiapas hacia el norte del país si no hay una respuesta pronta.
La crisis migratoria se ha intensificado con el endurecimiento de las políticas de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, generando mayores obstáculos para el tránsito e impidiendo incluso recabar citas con las autoridades estadounidenses.
El activista Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, afirmó que “los compañeros han decidido salir caminando de Tapachula”, señalando el colapso de la atención institucional en la región.
Análisis político: raíces del desencanto y riesgos continentales
1. Saturación administrativa y debilidad institucional:
El cúmulo de miles de solicitudes en espera —la mayoría sin resolución durante meses— ha generado un clima de desesperación. El gobierno federal y las agencias migratorias no han logrado adecuarse al volumen creciente de solicitantes, lo que deriva en una pérdida de confianza y acciones desesperadas por parte de los migrantes.
2. Política estadounidense como presión indirecta:
Las medidas migratorias desde EE.UU., como deportaciones masivas o la eliminación del programa CBP One, han sido factores determinantes en la decisión de miles de personas de movilizarse sin certeza legal dentro de México. Esto genera mayor movilización interna y crisis humanitaria.
3. Riesgos de seguridad y violencia organizada:
La ruta desde Chiapas está marcada por la presencia de redes criminales que extorsionan, secuestran o explotan a migrantes, aumentándose aún más con trayectos más riesgosos e invisibilizados. La falta de mecanismos fiables de protección aumenta los peligros en el camino.
4. Crisis humanitaria creciente:
El escenario migratorio en México continúa evolucionando: algunas personas optan por quedarse en el país mientras otros buscan continuar su trayecto hacia EE.UU. o regresar a sus lugares de origen. La atención humanitaria y jurídica no ha evolucionado al mismo ritmo, dejando vacíos en protección y apoyo.
La caravana como espejo de políticas fallidas
El anuncio de la caravana del 4 de agosto refleja una realidad política de fondo: la incapacidad institucional de afrontar la crisis migratoria con justicia y eficiencia. El éxodo forzado desde Tapachula no solo evidencia un déficit de atención para con quienes solicitan refugio, sino también una urgencia por repensar estrategias migratorias integrales que protejan derechos humanos.
Con más de 14 000 trámites detenidos, solicitudes ignoradas, y vidas en precariedad, esta movilización marca un punto de inflexión. Las autoridades mexicanas enfrentan ahora el desafío de responder: o escuchar las exigencias y actuar, o enfrentar un nuevo flujo difícil de contener.
