ARTICLE 19 emitió hoy un contundente comunicado en el que expresa su seria preocupación por lo que califica como un acto de acoso administrativo contra la periodista Dianeth Pérez Arreola, corresponsal del medio digital Brújula News en Baja California. Señalan como responsables al Secretario General de Gobierno del estado, Alfredo Álvarez Cárdenas, y a la Fiscalía General de la República (FGR).
El origen del conflicto
Los hechos se remontan al 6 de agosto, cuando Pérez Arreola participó en la conferencia matutina de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda. Durante su intervención, la periodista planteó preguntas incómodas respecto a una presunta doble licitación de una planta potabilizadora de agua, incluyendo posibles vínculos con el crimen organizado.
Una semana después, el 15 de agosto, la FGR citó formalmente a la reportera para “coadyuvar en una investigación”. El oficio, sin embargo, deriva de una solicitud previa hecha por el Secretario General de Gobierno de Baja California.
Derechos fundamentales bajo riesgo
ARTICLE 19 destaca que la investigación de irregularidades corresponde al Estado; no debe trasladarse esa carga a los periodistas, ni presionarlos para revelar sus fuentes. Subrayan que el derecho a la reserva de fuentes es parte esencial de la libertad de expresión, protegido tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En palabras de la SCJN: “el derecho a la reserva de las fuentes de información constituye un elemento esencial de la libertad de expresión, pues sin esta garantía se limitaría el flujo de informaciones de interés público”. A su vez, la Corte Interamericana ha enfatizado que la libertad de expresión no solo implica el derecho a hablar, sino a ejercerlo sin temor a represalias.
Una alerta con respaldo estadístico
El contexto nacional refuerza la gravedad de estas acciones: según el Informe 2024 de ARTICLE 19, en México se documentaron 639 agresiones contra periodistas y medios, de las cuales el 44.91 % —es decir, casi la mitad— fueron cometidas por autoridades públicas, lo que apunta a un patrón sistemático de hostigamiento desde el Estado.
Frente a este contexto, la organización lanzó exigencias claras:
- A la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y al Secretario General Alfredo Álvarez Cárdenas: abstenerse de hostigar o represaliar a periodistas, promover un entorno libre de intimidación y reconocer el valor de la labor periodística.
- A la Fiscalía General de la República: desistir en su intención de obligar a periodistas a revelar fuentes, y en su lugar priorizar la investigación de agresiones a medios y comunicadores.
Este caso no solo pone en entredicho el compromiso del Estado con la libertad de expresión, sino que también releva la tensión entre poderes institucionales y el ejercicio crítico del periodismo. El mensaje de ARTICLE 19 es nítido: defender la independencia y seguridad de los periodistas es imprescindible para garantizar una democracia auténtica y transparente.
