El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que el delito de secuestro en contra de Ismael “El Mayo” Zambada está probado, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Gertz Manero destacó la importancia de que Estados Unidos proporcione información detallada sobre los hechos que llevaron a la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López en ese país.
🚨#ÚLTIMAHORA | La detención de Ismael “El Mayo” Zambada fue producto de un secuestro, asegura el fiscal Alejandro Gertz Manero.
— ElQuintanaRooMX (@ElQuintanaRooMx) October 29, 2024
Autoridades de #EEUU no han entregado información sobre el avión que contaba con matrículas clonadas, y cuestionó el porqué no se detuvo al piloto. pic.twitter.com/WLuBKACjfe
“El delito se cometió en México, fue un secuestro, y hay una serie de investigaciones en curso sobre los homicidios relacionados (…) Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental”, explicó el fiscal, quien añadió que aún se necesitan más datos del gobierno estadounidense.
Gertz Manero indicó que la persona secuestrada en Culiacán fue transportada en un avión a una ciudad fronteriza de Estados Unidos, y resaltó que la entrada de aviones y personas en ese país está regulada y debe identificarse adecuadamente el vehículo, en este caso, un avión con matrículas clonadas.
Además, cuestionó la falta de detención del piloto de la aeronave y pidió a las autoridades estadounidenses que esclarezcan por qué el piloto no fue detenido en esas condiciones y por qué no existe un protocolo que explique cómo ingresó el avión a su territorio.
“Ningún piloto puede aterrizar en un aeropuerto fronterizo de Estados Unidos sin cumplir con una serie de requisitos obligatorios”, declaró el fiscal general
Respecto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Gertz Manero aclaró que no se realizarán imputaciones hasta contar con pruebas suficientes. “Cuando las tengamos, las vamos a hacer como lo hemos venido haciendo”, concluyó.
Esta declaración del fiscal general refuerza la obligación del gobierno mexicano por esclarecer los hechos y coordinar esfuerzos con las autoridades estadounidenses en la lucha contra el crimen organizado.