Sheinbaum señaló que, dado que se trata de recursos públicos, la Corte debe explicar si la adquisición responde a alguna situación de riesgo o amenaza específica contra las ministras y ministros, y por qué dichas condiciones ameritarían vehículos de ese nivel. Recordó que el precio de las unidades, sin considerar el blindaje, oscila entre 1.1 y 1.8 millones de pesos, mientras que el reforzamiento balístico representa un costo adicional cercano a los dos millones de pesos por vehículo, lo que eleva el gasto total a más de tres millones de pesos por cada ministro beneficiado