El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, expresó su enérgico rechazo al reciente proyecto de ley conocido como “supremacía” constitucional, aprobado en el Senado, que busca limitar la capacidad del Poder Judicial para impugnar reformas constitucionales.
A través de su cuenta de Twitter, Anaya compartió un video de su intervención en la Cámara Alta, donde calificó el debate como “esquizofrénico”. En su mensaje, acusó que la iniciativa pretende incapacitar a la Suprema Corte para revisar las decisiones legislativas impulsadas por el partido oficialista.
“Me quisieron callar, pero alguien tiene que decirlo: el plan es claro, quieren evitar que la Corte revise sus decisiones. No podemos permitir que destruyan nuestra justicia. Quieren poder sin límites”, afirmó.
El legislador criticó al partido Morena por desacatar una orden judicial emitida por la jueza Nancy Juárez Salas, quien instruyó a la presidenta Claudia Sheinbaum a eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.
“Lo que no han entendido es que en una democracia, cuando no estás de acuerdo con una sentencia, lo que haces es apelar la resolución. Si no les gusta el sentido de la resolución, lo que tienen que hacer es apelar, no desacatar. Ese es el problema de fondo”, señaló Anaya
Además, el senador argumentó que lo que buscan los legisladores de los partidos del Trabajo (PT), Verde y Morena es resolver un conflicto con el Poder Judicial a través de reformas constitucionales.
Anaya también cuestionó el argumento de Morena de que sus decisiones legislativas están respaldadas por el pueblo de México, recordando que un significativo porcentaje de la población no votó por ellos.
“A estas alturas ya debería ser obvio. El 54% de la población votó por ustedes, pero el 46% no lo hizo, y ese 46% también es pueblo. Por eso es un absoluto exceso que repitan que tienen un mandato del pueblo. ¿Cuál pueblo? El 46% que no votó por ustedes”, concluyó.
Con estas declaraciones, Anaya se posiciona firmemente en contra de lo que considera un ataque a la independencia del Poder Judicial y a los principios democráticos en el país.
