Ante una situación que definen como insostenible, los trabajadores federales del sistema judicial anunciaron un paro nacional para el próximo viernes 31 de octubre. Lo informó el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (SNR), que agrupa a más de 22 000 empleados administrativos, jurisdiccionales y de base, los cuales se sumarán a la suspensión de labores bajo la modalidad de «brazos caídos».
El comunicado, firmado por el secretario general del sindicato, Juan Alberto Prado Gómez, apunta directamente a lo que denominan «la omisión reiterada de la autoridad administrativa para garantizar los recursos mínimos indispensables para la impartición de justicia». En su texto, el gremio advierte que han sido reiteradas las promesas de mejoras que «han quedado en papel», pero que la falta de insumos básicos —como papel, impresoras, agua, comedores y material de oficina— y la falta de reposición de plazas vacantes, así como el incumplimiento del aumento salarial y el pago retroactivo, han llevado a la medida.
La movilización llega en un momento crítico para el sistema judicial federal. Desde la entrada en vigor de la reforma constitucional de septiembre de 2024, que estableció una reconfiguración del órgano jurisdiccional y de administración, se han reportado despidos masivos, reasignaciones y cuestionamientos al órgano rector del sistema judicial.
Causas de la convocatoria y alcance del paro
El sindicato destaca que la decisión de convocar al paro se adopta «en defensa de las condiciones laborales dignas, en salvaguarda del adecuado funcionamiento institucional». Aun así, reconoce que la operación ordinaria de los juzgados se verá afectada, por lo que anuncia que solo quedarán activos los servicios de guardia para atender los casos urgentes —como libertades provisionales o medidas cautelares— mientras dure la suspensión de labores.
Entre los reclamos más citados se encuentran la falta de insumos elementales en sedes jurisdiccionales: «Hay juzgados sin hoja para imprimir, sin impresoras, sin agua potable», según el sindicato. A ello se suman la exigencia del pago del aumento salarial retroactivo que aseguran fue acordado, la reposición de plazas vacantes luego de despidos, y el fin de comedores cerrados o sin servicio para el personal.
Asimismo, el sindicato cuestiona los efectos de la reciente reforma judicial, que implicó la creación del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y otros cambios estructurales. Denuncia que dichos cambios han sido acompañados por la supresión de fideicomisos, la reasignación de altos recursos y la sobrecarga de funciones en el personal. Algunos informes periodísticos señalan que jueces cesados tras la reforma aún no han recibido sus indemnizaciones, lo que alimenta el malestar en el gremio.
Reacción institucional y escenario político
En días recientes, algunos medios reportaron que la entidad solicitó una ampliación presupuestal cercana a los 6 500 millones de pesos para cubrir las indemnizaciones de juzgadores cesados.
La medida profundiza la tensión entre el personal judicial federal y las autoridades. No es la primera vez que este gremio recurre al paro: ya en 2024 se realizaron movilizaciones masivas en rechazo a la reforma judicial impulsada por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador. Aquellas protestas dejaron ver el nivel de desgaste interno del sistema.
Impacto para los ciudadanos y retos para la impartición de justicia
La suspensión de labores del 31 de octubre plantea un riesgo significativo para el acceso a la justicia federal. Si el paro se instala de manera amplia, los ciudadanos que tenían procesos programados en juzgados federales podrían verse afectados, con demoras en plazos, audiencias clave o notificaciones. El sindicato, consciente del efecto, afirma que no desea afectar a la ciudadanía, pero recalca que «no pueden seguir trabajando sin lo mínimo indispensable».
En el entorno jurídico y político, la medida expone las fisuras en el nuevo entramado institucional del sistema judicial y plantea interrogantes sobre su operatividad: ¿cómo garantizará el Estado que el sistema no quede paralizado? ¿Cómo responderán las instancias responsables del presupuesto, infraestructura y operaciones? El paro se convierte así en un termómetro de las tensiones acumuladas en el interior del aparato de justicia federal.
La convocatoria del paro nacional del 31 de octubre por parte del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación no es únicamente una demanda salarial o de insumos: es un reclamo por el reconocimiento del papel que el personal judicial desempeña como engranaje fundamental en la impartición de justicia. En plena reconfiguración institucional, el movimiento visibiliza las grietas del diseño y los retos que enfrenta el sistema judicial federal en México. Si las autoridades no logran atender las quejas de fondo, la paralización anunciada podría marcar un nuevo capítulo de conflicto laboral e institucional en el ámbito judicial
