La protesta se centró en que muchos de ellos, quienes concluyeron sus estudios entre 2019 y 2023, llevan hasta tres años esperando documentos que acrediten su formación académica. Más allá de recibir un diploma físico, varios egresados denunciaron que sus títulos no han sido dados de alta en el Registro Nacional de Profesionistas, lo que los deja en un limbo jurídico y laboral que ha obligado a algunos a aceptar trabajos ajenos a su formación, como labores eventuales, auxiliares administrativos o incluso “call centers”